Ferdinando Giugliano para Bloomberg
El gobierno español ha descartado firmemente la independencia de Cataluña, pero incluso si Barcelona avanza en esa dirección, sus ciudadanos pagarían un alto precio, al menos en el corto plazo. La transición a un nuevo Estado sería tortuosa y costosa. Cualquier beneficio tardaría años en concretarse.
El argumento económico de una Cataluña independiente descansa en la riqueza de la región. En 2016, cada ciudadano obtuvo un promedio de 28.600 euros, lo que supone 19% más que el ingreso de un español promedio.
Cataluña produce un quinto del total de la economía española y más de un cuarto de sus exportaciones. También paga en impuestos más de lo que recibe para gasto público, aunque la cifra se discute. A largo plazo, Cataluña sería una economía viable.
Sin embargo, la transición a ese nuevo Estado sería desordenada Cataluña tendría que volver a solicitar la adhesión a la Unión Europea y a la zona euro. Este sería un proceso largo y requeriría la aprobación de todos los estados miembros, incluida España
Mientras tanto, Cataluña tendría un par de opciones. La primera sería establecer su propia moneda independiente. La segunda, más probable aún, introducir el euro unilateralmente, como lo hizo Montenegro. Sin embargo, no tiene ninguna opinión sobre la conducción de la política monetaria, dado que no tendría representación en el consejo del Banco Central Europeo.
Cualquiera de los dos arreglos crearía un problema para la estabilidad financiera. La introducción de una nueva moneda impulsaría a los depositantes a retirar su dinero de los bancos, temiendo la devaluación. Un nuevo banco central de Cataluña se vería obligado a imprimir más dinero para detener esa carrera, contribuyendo a la caída de la moneda y el alza inflacionaria.
Una opción para Cataluña sería aceptar una cantidad de deuda equivalente a su parte del PIB
Adoptar el euro dejaría a Barcelona sin un respaldo significativo para sus bancos, dado que dejarían de estar bajo el paraguas del BCE y el Mecanismo Europeo de Estabilidad. El Banco Sabadell, el segundo más grande de la región, ya trasladó su sede. CaixaBank, el más grande, considera hacerlo también.
Ante una gran crisis financiera, Cataluña debería negociar un nuevo acuerdo comercial con la Unión Europea, que probablemente exigirá como condición previa que Barcelona asuma una parte de la deuda soberana de España.
Una opción sería que Cataluña aceptara una cantidad de deuda equivalente a su parte del PIB. Esta solución dejaría la deuda catalana en casi 100% de sus propios ingresos, muy por encima de los 60 de la zona euro. La buena noticia sería que tal división podría abrir el camino a un acuerdo negociado sobre el acceso al mercado europeo y el resto de España.
La alternativa sería que el gobierno catalán retenga sólo la deuda que debe a los inversores privados. Esto significa un incumplimiento del dinero adeudado a Madrid y la negativa a asumir cualquier deuda actual del gobierno nacional. Sin embargo, no está claro que un enfoque selectivo sea aceptable para las agencias de calificación: el riesgo es que los inversores puedan considerar una decisión de renunciar a las deudas contraídas con Madrid como un incumplimiento general.
Además, el impacto de una salida dura de la economía catalana podría ser sustancial: en 2015, el 65% de las exportaciones de Cataluña se destinó al resto de la UE, y esto no incluye bienes y servicios que se comercializan en la frontera con España. Si los aranceles aumentan, Barcelona sufrirá.
No hay duda de que Madrid también tiene mucho que perder de una secesión catalana. La salida de Barcelona provocará un agujero en su déficit presupuestario que habría de llenar. La balanza comercial se agravaría significativamente. Dependiendo de los acuerdos adoptados, la deuda soberana de España también podría aumentar significativamente. Sin embargo, Madrid tendría un colchón: el mercado único de la UE y la red de seguridad del BCE. Cataluña podría descubrir que la soledad tiene un precio.