Esteban Duarte y Maria Tadeo para Bloomberg
La lucha de España por frenar el referéndum separatista superó este domingo un golpe potencial cuando la policía catalana accedió a seguir las directrices del Gobierno central, con sede en Madrid.
En principio, Joaquim Forn, consejero catalán del interior, dijo el sábado que su administración rechazó una orden del fiscal nacional para la centralización de las fuerzas policiales de cara a los comicios del 1ero de octubre. Horas después, los jefes de la policía catalana emitieron un comunicado interno indicando que seguían obedeciendo las órdenes de los fiscales y jueces.
Sin embargo, aunque esta decisión desactivó un problema potencial entre las fuerzas de seguridad en la principal región económica de España, la tensión aún aumenta. Los líderes de la Candidatura de Unidad Popular (CUP), un partido anarquista con representación en el Parlamento, insistió en una huelga general a partir del 3 de octubre.
La policía catalana accedió a seguir las directrices del Gobierno central
Este domingo, los grupos civiles que lideran el movimiento separatista en las calles hicieron una demostración y repartieron volantes sin que la policía intentara confiscarlos, como se les había ordenado.
“Estamos preparados para una semana muy difícil”, comentó Jordi Sánchez, líder de la organización Asamblea Nacional Catalana. “La reacción del Estado será aún más dura de lo que hemos visto hasta ahora”, aseguró en una entrevista. “El Gobierno quiere que ocurran incidentes para poder tener una excusa para intervenir. Nuestro trabajo es mantener calmada a la gente”.
El presidente español, Mariano Rajoy, está lidiando con la mayor crisis constitucional de la nación en tres décadas sin recurrir a una medida severa, permitida en el artículo 155 de la Constitución para suspender la autonomía de la región. Tanto los fiscales como el máximo tribunal de justicia apoyan sus esfuerzos para impedir el referéndum ilegal.
La semana pasada el Gobierno central tomó el control de las arcas del ejecutivo catalán, un juez en Barcelona ordenó el arresto de más de una docena de funcionarios regionales por ayudar en la organización de los comicios y los miembros de la junta electoral renunciaron en masa, después de que la Corte Constitucional le impuso a cada uno una multa diaria de 12.000 euros.
“Rajoy básicamente está aplicando el 155 sin anunciarlo”, denunció José Antonio Zarzalejos, columnista de La Vanguardia, el mayor diario de Cataluña. Este domingo cientos de personas se congregaron en la plaza de la Universidad, para distribuir material electoral, en un claro desafío al Gobierno central. La policía confiscó alrededor de 10 millones de boletas de votación en toda la región, bajo la premisa de que cualquier material que promueva el referéndum es ilegal y debe ser decomisado.
Con cánticos de libertad, los manifestantes también llevaban pancartas, camisetas y banderas independentistas. Desde el viernes, un grupo de estudiantes acampa en la Universidad de Barcelona, en señal de protesta por la represión.
“Rajoy básicamente está aplicando el 155 sin anunciarlo”
Este fin de semana la tensión se elevó cuando a los Mossos d’Esquadra, como se conoce al cuerpo policial de Cataluña, se les ordenó obedecer a un coronel de la Guardia Civil española de cara al voto del 1ero de octubre. El oficial, Diego Pérez de los Cobos, es director de personal en el Departamento de Seguridad el Ministerio de Interior del Gobierno central.
Mientras que el jefe de la policía catalana, Josep Lluis Trapero, reporta a la administración regional, los fondos de su fuerza policial los provee Madrid, por lo que se requiere que acate las ordenes de los jueces y fiscales de todo el país. “Los Mossos son los primeros que lidiarán con un incremento de la presión en las calles o con una huelga general si la CUP, y algunos sindicatos, logran ampliar el apoyo”, advirtió Zarzalejos.
Para María Antonieta Boneta, partidaria de la independencia, la confiscación no detendrá el voto. Ella encuentra toda la información electoral que necesita en múltiples páginas web, que los jueces han considerado ilegales por lo que las han pedido su cierre. Sin embargo, los funcionarios catalanes siempre comparten nuevos links. Los sitios contienen datos como la ubicación de la cabinas de votación.
“Estoy convencido de que votaré. Conseguí toda la información en los páginas web que mis hijos me mostraron”, indicó un pensionado de 67 años durante una protesta. “El Gobierno español nos ha quitado todo: nuestro dinero, nuestro poder regional y ahora a la policía catalana. Eso me enojó. Pero ellos están de nuestro lado, le di una flor a un Mosso y él me guiñó el ojo. Votaremos”.
