El sector telecos se ha transformado tanto en la última década, que ahora mismo han pasado de ser compañías de teléfono a plataformas de video. O mejor dicho, han conjuntado todo. Pero lo que no ha cambiado ha sido el reguero de multas (y chivatazos) que Telefónica, Vodafone y Orange llevan recibiendo durante 10 años. Aunque han tenido un pequeño respiro.
Esta semana la Audiencia Nacional ha anulado la resolución sancionadora de 120 millones de euros que la Comisión Nacional de Competencia (CNC) impuso en 2012 a los tres grandes operadores por abuso de posición de dominio al aplicar precios excesivos a los servicios mayoristas de terminación y acceso de SMSs y MMSs. Y a esto hay que añadir que este mismo jueves se ha anulado otra multa al operador azul.
Pero estas multas solo son un islote. El sector de las telecomunicaciones se mueve sobre línea muy fina en lo que a competencia se refiere. Por eso su historia reciente ha estado plagada de llamadas de atención. Así,a principios de julio de 2007 la primera que se llevó un golpe, además llegado desde Europa, fue Telefónica. La Comisión Europea le impuso una multa de 151,8 millones por un abuso “muy grave” de posición dominante en el mercado español de internet de alta velocidad. Se trataba, por aquel entonces, de la sanción más alta impuesta por el ejecutivo comunitario a un operador de telecomunicaciones. Por el momento el Tribunal de Justicia de la Unión Europea mantiene la sanción.
Pero muy pronto Telefónica encontraría “amigos” en el camino. De hecho, de forma compartida, en julio de ese mismo año la Consejería de Consumo de la Comunidad de Madrid multó con 905.000 euros a Vodafone y con 611.000 euros a la compañía ‘azul’ por modificar de forma unilateral los contratos de más de 20 millones de clientes.
Orange se sumó a la fiesta de Telefónica y Vodafone
Como no podía ser de otra manera, Orange no tardó en sumarse a la fiesta, y en mayo de 2010 fue cuando irrumpió en este curioso escenario. Apenas con 60.000 euros, pero el asunto de la protección de datos se muestra como uno de los grandes problemas, ya que poco más un año después Vodafone recibe una sanción similar por el mismo motivo. Además, en ese año se inicia otro de los grandes conflictos que han acompañado a los operadores de telefonía: las portabilidades. Así, la compañía de origen británico recibe una multa de 250.000 euros por no facilitar a los usuarios el cambio de compañía.
Mientras, Telefónica, viajaba por otros derroteros en los que, lógicamente, su gran preocupación era que sus dos rivales no crecieran. Así, llegan sanciones de todo tipo: por dificultar el acceso mayorista, impedir lanzar ADSL sin cuota de línea, o banda ancha sin voz… A finales de 2011 el mapa de las telecomunicaciones en España estaba dibujado: uno pretendía seguir siendo el más grande, y los otros dos, a medida que aumentaban de tamaño no querían perderlo.
De aquellos barros
El gran colofón, y que ahora ha vuelto a la actualidad, llegaría en diciembre de 2012 cuanto la ya extinguida Comisión Nacional de la Competencia (CNC) impuso una sanción récord de 120 millones de euros a Telefónica, Vodafone y Orange por abusar de su posición de dominio en los mercados mayoristas de los mensajes cortos (SMS) en la telefonía móvil. Quedaba retratado un oligopolio que en parte fue destruido gracias a la llegada de los operadores móviles virtuales y la propia presión que ejerció sobre ellos.
Ahora todo vuelve a tomar un curso legal, aunque la CNMC ya se ha puesto manos a la obra para que esto no se detenga. El resultado lo contaremos en Merca2 dentro de varios años.
Pero el ritmo sancionador no se detuvo. Y las telecos querían seguir campando a sus anchas. Así, en 2013, Telefónica tuvo sanciones relacionadas con la fibra óptica, y también a nivel internacional, aunque influyendo en suelo español, como el acuerdo con Portugal Telecom para no competir entre sí en ambos países. Pero no estaba sola. Orange empezaba con sus problemas en la portabilidad, que le suponen sanciones de hasta 550.000 euros, y Vodafone también, con una multa que se eleva hasta los 600.000 euros, añadiendo problemas en lo referente a la protección de datos.
Por si nada de esto fuera suficiente, los problemas que flirtean con la legalidad llegan hasta nuestros días en cualquier expresión. Así, hace un par de veranos Orange fue multada por no comunicar correctamente la compra del OMV Simyo. Mientras, Telefónica ha recibido recientemente una sanción por motivos dobles que se eleva hasta los 500.000 euros, y Vodafone ha sido cazada y multada con hasta 3,1 millones de euros por cuestiones de roaming.
Y si falla… llegan los chivatazos
Si el regulador no entra de oficio, para eso están los departamentos legales de los operadores. Curiosamente el primero en abrir esa lata fue Telefónica en el año 2006, cuando hizo una macrodenuncia contra todos sus rivales con el argumento de que le estaban robando sus clientes. Ante esto, un par de años después, Vodafone contraataco con una denuncia a Telefónica que rozaba lo ilógico llegando a pedir más de 600 millones de euros por daños y perjuicios cuando ésta llego al mercado.
Hubo que esperar un tiempo, y nuevamente lo curioso es que fuese la compañía presidida por César Alierta, la que en 2010 denunció a ONO por publicitar falsamente la fibra óptica. Y así llegamos hasta un periodo más reciente, en el que tanto Vodafone y Orange, con constantes denuncias, unas veces con la ley de por medio, y otras en forma de queja ante los medios de comunicación, muestran su malestar sobre todo contra Telefónica.
De este modo tenemos a “los rojos” quejándose por la fibra de Telefónica y Jazztel, y a “los naranjas” por los acuerdos de Telefónica, también, junto a Yoigo, en este caso por la compartición de infraestructuras. Aunque de forma más reciente podemos hacernos eco de la denuncia con respecto a la televisión, la migración de clientes del ADSL a la fibra… y todo contra Telefónica.
Con este panorama en el sector de las telecomunicaciones en los últimos 10 años, surgen muchas preguntas. ¿Ha sido siempre justo el regulador?, ¿se podría haber luchado más por el interés de los usuarios?, ¿qué pasaría si no hubiera organismos vigilando todo esto?, ¿puede una compañía que recibe más de una docena se sanciones en una década denunciar a otra?
