Mucho se ha escrito durante este tiempo sobre lo que podía hacer el Gobierno para evitar que el 1 de octubre se celebre un referendum en Cataluña. El martes, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, en su reunión con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, le pidió a éste último que garantizara que ese día no habría un referendum en Cataluña, como sí ocurrió el 9 de noviembre de 2014.
En aquella ocasión, la misma noche antes Rajoy afirmaba a preguntas de periodistas que al día siguiente no habría un referendum en Cataluña, pero la realidad es que dos millones y medio de catalanes acudieron a votar en unas improvisadas urnas que, sin duda, no gozaban de legitimidad alguna, pero dieron, como se dice, el pego. Tan es así, que al PP le costó una factura elevada en las siguientes elecciones autonómicas.
Lo que le ha pedido Rivera a Rajoy es que no vuelva a pasar lo mismo. Legalmente, aquello no fue un referendum, y el temor de Ciudadanos es que Rajoy se agarre a esa misma excusa para decir que el 1-O tampoco ha habido un referendum en Cataluña, pero que la imagen que se transmita en los medios de comunicación nacionales y, sobre todo, internacionales, sea la de ciudadanos votando sobre la independencia de Cataluña.
Rajoy, sin embargo, es consciente de elevado coste político que tendría para él y para su partido que volviera a ocurrir un hecho similar al de 2014, por lo que está completamente decidido a evitarlo. Ayer ya se puso en marcha la maquinaria tras el espectáculo vivido en el Parlament. Los tribunales han empezado a actuar en todos los frentes contra lo que todo el mundo califica como una de las mayores afrentas a la democracia que haya vivido este país.
En la ocasión anterior, ni siquiera se recurrió a la justicia, algo que sí se está haciendo ahora. Pero tampoco se descarta la acción policial. El Gobierno dará traslado a los Mossos de la sentencia del Tribunal Constitucional en la que se exigirá la retirada de las urnas. Pero, si por algún motivos la policía autonómica catalana se niega a cumplir con la sentencia, aunque sea de manera parcial, el Gobierno tiene previstos sus recursos.
Y no es otro que el de utilizar la propia policía nacional o la guardia civil para hacer cumplir la ley. Y es que a pesar del silencio que el Ejecutivo guarda sobre este asunto, tampoco tiene mucho más margen de maniobra. Si los mossos no cumplen con la orden del TC, tendrán que ser las fuerzas de seguridad del Estado las que ejecuten la sentencia. ¿Puede haber enfrentamientos con los mossos? Es posible, porque una vez llegados a este punto, puede pasar cualquier cosa, pero el Gobierno confía en que impere el sentido común y la profesionalidad de los cuerpos.
