Nadie sabe a ciencia cierta cual es el plan de Mariano Rajoy para frenar el referendum independentista que Carles Puigdemont ha convocado –todavía no oficialmente- para el próximo 1 de octubre, ni hasta donde es capaz de llegar para hacerlo.
En el entorno del presidente repiten tres ideas fuerza como un mantra al que se acogen como a un clavo ardiendo, un argumentarlo simple y aparentemente efectivo que nace de la discreta forma de actuar del presidente: primero, no se va a aplicar el artículo 155 de la Constitución; segundo, no se va a enviar a ningún cuerpo de seguridad ajeno a los que ya ejercen esa labor allí –es decir, los mossos-; y, tercero, no va a haber referendum.
Pero realmente nadie sabe a ciencia cierta que es lo que tiene pensado Rajoy para evitarlo, aunque algunas pistas si que ha dado el propio presidente, y una de ellas tiene que ver con lo que está ocurriendo estos días en el Palacio de La Moncloa: la vuelta al protagonismo de lo que se dio en llamar el comando Aranzadi.
Se trata de un grupo muy notable de abogados del Estado y expertos constitucionalistas que, a las órdenes de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, ya consiguió en su momento paralizar todas las iniciativas del Govern a favor del proces y que, incluso, tiene en su haber la inhabilitación de altos cargos de la Generalitat como Artur Mas y Francesc Homs.
El maquillaje de la Vicepresidenta
Durante los meses en los que el Gobierno intentó frenar a la Generalitat mediante eso que se dio en llamar operación diálogo y que, realmente, tenía más de operación de imagen de la vicepresidenta que otra cosa, este grupo permaneció en stand by a la espera de ser reactivado de nuevo. Y ya se ha hecho.
En las próximas semanas, sin descanso alguno y sin vacaciones de verano, estarán delante de la pantalla del ordenar escudriñando cada movimiento que haga la Generalitat y que pueda ser objeto de recurso ante los tribunales para frenar el procés. Por supuesto, están a la espera de la convocatoria oficial del referendum para recurrirla al Tribunal Constitucional, un recurso que prácticamente ya está escrito y al que solo le falta la motivación.
La vía legal será, de hecho, la principal herramienta que utilice el Gobierno para evitar el referendum, sin descartar el uso de leyes que ya están aprobadas, como ya se ha contado en Merca2 en anteriores ocasiones, para poner a las órdenes del Gobierno las fuerzas de seguridad catalanas. Pero, incluso para hacer eso, el Gobierno necesita respaldarse de una cobertura legal sin fisura, y ese es el trabajo del comando Aranzadi que hace que a Rajoy no le quite el sueño Puigdemont.
