El independentismo ha entrado en las últimas horas en una espiral de locura, provocada por la propia convicción que tienen sus líderes en la imposibilidad de convocar un referendum pactado y realmente vinculante. La alarma saltó tras las declaraciones del ex conseller Baiget poniendo en duda la viabilidad de la consulta. Eso y la constatación de que en las filas de Junts pel Si empieza a abrirse paso una violenta división interna entre el PdeCat y ERC es lo que ha llevado a Puigdemont a aprobar con el concurso de la CUP una ley que de cobertura al referendum y a afirmar que si del mismo sale como resultado una victoria del ‘si’, Cataluña será independiente un par de días después.
El Gobierno ya estaba preparado para todo eso. Lo primero será llevar la ley al Tribunal Constitucional, que tardará muy poco en considerarla anticonstitucional y, por lo tanto, la derogará de facto. Aún así, es bastante previsible que el Govern intente seguir adelante, entre otras cosas porque se ha metido ya en un callejón sin salida en el que lo único que puede hacer es tirar hacia delante y esperar acontecimientos.
Ayer, una fuente del Ejecutivo me aseguraba que “todo esto estaba previsto, sabíamos que la Generalitat iba a apostarlo todo a la carta del referendum del 1 de octubre y que iba a intentar seguir adelante como fuera a pesar de los contratiempos, y precisamente por ellos –en referencia a las declaraciones de miembros del PdeCat-, de ahí que el Gobierno ya estuviera preparado para inmediatamente preparar un recurso que en los próximos días llevará al Tribunal Constitucional.
Además, el Ejecutivo está advirtiendo de palabra y por escrito a los funcionarios de la Generalitat de que cometerán un delito si colaboran en el referendum. Lo último será ver actuar a la policía, en este caso a los mossos d’squadra a las ordenes del Ministerio del Interior –como ya contamos aquí-, contra los posibles incumplimientos de la ley para hacer el referendum.
El papel de Puigdemont
Y el primer funcionario obligado a cumplir la ley no es otro que el representante del Estado en Cataluña, es decir, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Y si no cumple, tendrá que enfrentarse a las consecuencias que, en este caso, pueden suponer que acabemos viendo “a los mossos d’squadra deteniendo a Puigdemont” por un delito de desobediencia al TC y algunos otros más.
Lo importante, destacan en el Gobierno y en el PP, es que esa acción la lleve a cabo la policita autonómica, que no puean decir que han intervenido fuerzas del orden público nacionales, y mucho menos el ejército como ayer parecía apuntar Cospedal. El Gobierno no quiere demostraciones de fuerza del Estado, sino la aplicación de a justicia y eso es, en principio la forma en la que va a responder al desafío.
