Este año va camino de ser uno de los peores en cuanto a incendios forestales se refiere ya que según datos del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente se han producido entre el 1 de enero y el 31 de mayo un total de 2.842 incendios y 3.277 conatos lo que supone un total de 6.119 siniestros, de los que seis han sido catalogados como grandes incendios (superiores a las 500 hectáreas). Además, en el conjunto de todos ellos se ha visto una superficie total afectada del 0,138%. Unas cifras que no se recordaban, a estas alturas, desde 2012 cuando se produjeron 11 grandes incendios y el total de siniestros era de 9.187, tal y como se puede observar en el gráfico inferior.
Unas cifras que suelen ir en aumento a medida que se acerca el verano debido a la falta de lluvia y calor. Además, en los datos anteriores no se tienen en cuenta el incendio devastador que se ha producido durante este fin de semana y que todavía no se encuentra extinguido como es el de Doñana. Un incendió que se declaró el sábado por la noche en Moguer (Huelva), que alcanzó una rápida propagación alcanzando Mazagón y que prosigue su avance hacia Doñana, sin un control total aunque dos frentes ya se hayan perimetrado.
Este riesgo de incendios en verano será “elevado” ya que se podría aplicar la regla de los tres 30 que, en palabras de la ministra de de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, “aunque no son matemáticas, suele funcionar así: Tenemos alta probabilidad de incendios con más de 30 grados de temperatura, más de 30 kilómetros por hora en velocidad del viento y menos de un 30 % de humedad”.
Hay que recordar que la ministra ha presentado el pasado 20 de junio la campaña de prevención de incendios para este año que contará con un presupuesto de 85 millones de euros, nueve millones más que el año anterior, con 70 medios aéreos y unos 1.000 efectivos de personal. Además, contará con la novedad de cuatro drones que se encargarán de la vigilancia y seguimiento de los incendios.
Raúl de la Calle, secretario general del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales, ha señalado a nuestro medio en relación al creciente número de incendios que “estamos un mes de sequía por adelantado ya que estamos en niveles de finales de julio y la superficie forestal se encuentra muy abandonada por diversos motivos como el aumento de la maleza, el despoblamiento que se vive en zonas rurales, etcétera, lo que hace que aumente el riesgo de incendios”. También ha destacado que si bien se ha aumentado la inversión desde la Administración Central, «esta sólo se encarga de labores de coordinación y apoyo por lo que desde los gobiernos Autonómicos se ha realizado un fuerte recorte en materia de prevención, gestión y extinción desde la crisis, por lo que invierte muy poco en el monte”. Por tanto, es necesario señalar que la gran labor recae en las Comunidades Autónomas a la hora de extinguir un incendio y que pueden solicitar a la Administración Central ayuda o apoyo. Además, se ha mostrado crítico con la politización de la ‘Ley de Montes’ ya que “una mentira cien veces repetida no se convierte en verdad y ningún suelo que haya sido devastado por un incendio se ha convertido en urbanizable, de momento, ya que se necesita un interés general y ser aprobado por ley, lo que sería bastante complicado que saliese adelante”.
Recordemos que la Ley de Montes señala que se mantiene que queda prohibido “el cambio de uso forestal al menos durante 30 años” tras un incendio y no se cambian tres excepciones de la Ley 43/2003 aunque si se introduce una salvedad nueva: “con carácter excepcional las comunidades autónomas podrán acordar el cambio de uso forestal cuando concurran razones imperiosas de interés público de primer orden que deberán ser apreciadas mediante ley. En el caso de que esas razones imperiosas de primer orden correspondan a un interés general de la Nación, será la ley estatal la que determine la necesidad del cambio de uso forestal”. Aun así, desde la Fundación Civio destacan que la realidad de los datos nos dice que sólo el 0,15% de los incendios ocurridos entre 2001 y 2013 se provocó para obtener una modificación en el uso del suelo.
Sólo el 0,15% de los incendios se provocó para una modificación en el uso del suelo
En esta misma línea se habría mostrado la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que tras el suceso ocurrido en Doñana ha dado unas declaraciones en las que ha señalado “que nadie piense que ni un sólo metro que haya ardido se va a aprovechar y va a tener otra calificación urbanística porque la Junta no solo se va a oponer sino que va a poner todos los mecanismos legales para que ni un solo metro del entorno natural de Doñana sea recalificado o utilizado para ningún otro uso”.
La Organización Mundial de Conservación de la Naturaleza (WWF) en su estudio “Dónde arden nuestros bosques” señala que las administraciones reservan de media más del 80% de las inversiones a extinción, frente a apenas un 20% destinado a prevención. Por tanto, se subestima en general la posibilidad de recuperar o dinamizar usos del monte, que contribuirían a generar empleo y a prevenir que ocurran incendios a largo plazo.
Ocho de cada diez euros van destinados a extinción de incendios
Desde WWF sugieren unas medidas para reducir el número de siniestros forestales. Entre ellas destacan: 1) incrementar los esfuerzos para investigar las causas de los incendios y orientar las soluciones a los conflictos sociales reales, 2) mejorar la identificación de causantes y la aplicación efectiva y ejemplar de sanciones y condenas para disuadir a quienes están detrás de los incendios y terminar con la actual impunidad, 3) promover programas de sensibilización y divulgación ambiental efectivos, haciendo especial hincapié en grupos clave como ganaderos y agricultores, que persigan recuperar el vínculo con el bosque y 4) poner en marcha programas de intervención social en aquellas regiones de gran incidencia de incendios que fomenten el diálogo y ofrezcan alternativas viables para el uso del fuego como herramienta de gestión para la regeneración de pastos o quema de rastrojos.
Unas medidas que tendrían un destinatario muy claro: Las personas. Sí, al contrario de lo que probablemente pudieras pensar, sólo un 4% de las causas de incendios son de origen natural (rayos), por lo que el 96% restante obedece a causas del hombre. Aun así, no todo este porcentaje es intencionado aunque 55 de cada 100 incendios son intencionados.
Unas penas ridículas
En la última década se han producido más de 160.000 incendios en España pero la vía judicial parece ir lenta a la hora de detectar los culpables de la mayoría de incendios intencionados a tenor de los resultados. Sólo 325 personas han sido condenadas y sólo ocho de estas han ingresado en prisión debido a que las penas de la mayoría han sido menores a los ochos años.
Con el fin de tratar de reducir la acción del hombre en el número de incendios se modificó en 2015 el Código Penal y así endurecer las penas. Un efecto que pareció disuasorio en el 2016 pero que ha vuelto a ser un problema en este año en el que se alcanzan cifras récord. Aunque el nuevo texto mantiene el tipo básico vigente hasta ahora (penas de prisión de uno a cinco años y multa de 12 a 18 meses), en los supuestos agravados se prevé una sanción autónoma. De esta forma, quienes provoquen el incendio serán castigados con una pena de prisión de tres a seis años y multa de 18 a 24 meses, cuando el incendio alcance especial gravedad y concurran las circunstancias establecidas en el Código. Además, en los casos con peligro para la vida de las personas la sanción puede alcanzar los 20 años. Si el incendio afecta a una gran superficie o provoca graves consecuencias, las penas serán de tres a seis años con multa de hasta dos años. Con la misma penalización se tratan los casos en los que el motivo sea obtener beneficios económicos.
