Cuando las oposiciones constituyen un fraude de ley

Desde hace muchas décadas, existe una clase privilegiada en nuestro país constituida por los cuerpos de técnicos de la Administración del Estado, entre ellos, los abogados del Estado, los técnicos comerciales o economistas del Estado, los registradores de la propiedad, los inspectores de Hacienda, etc. El modelo se basa en que buenos estudiantes de un determinado nivel social, cuyas familias se pueden permitir costear unas oposiciones después de que sus hijos acaben la carrera de Derecho o de Económicas, se dedican tres o cuatro años a preparar dichas oposiciones, cuyo aprobado es evidentemente difícil, usando preparadores que también tienen un coste importante, para conseguir entrar en la Administración Pública.

Con ello, consiguen una vitola que está muy bien valorada en determinados círculos profesionales y empresariales, los cuales a su vez están controlados por personas que ya consiguieron dicha vitola en el pasado. El salario con el que entran en la Administración Pública es importante, pero nada que ver con el salario que pueden obtener en el terreno privado, una vez que den el salto desde la Administración, sobre todo porque estos cuerpos son tremendamente corporativos, y se protegen y colocan entre ellos.

oposiciones del estado en 2017 Merca2.esHasta aquí, no podemos decir nada, ya que el país tiene sus leyes, y las convocatorias de estos puestos, por otro lado necesarios para el desarrollo de la función pública, tienen que realizarse. El problema es que se realizan con mucha más frecuencia de lo necesario, debido sobre todo al hecho de que es raro que un abogado del Estado permanezca mucho tiempo en el puesto público, ya que los bufetes les ofrecen trabajo, cuando no se dedican a entrar en política por la puerta grande (cuestión de apellido). Lo mismo ocurre con los técnicos comerciales, cuya salida es, bien la Administración, bien las grandes empresas.

Un ejemplo claro lo tenemos en nuestro Presidente, Mariano Rajoy, que se sacó las oposiciones a registrador de la propiedad, y no estuvo más de dos años en su destino en Santa Pola, cuando Manuel Fraga, su mentor, le llamó para la Diputación de Pontevedra, y desde entonces no ha dejado nunca el coche oficial. Su segunda, Soraya Sáenz de Santamaría, hizo más o menos lo mismo, ya que hizo las oposiciones a abogado del Estado en 1998, y en el año 2000 ya estaba trabajando con Mariano Rajoy, y hasta ahora.

La democracia no sólo es votar cada cuatro años, también que todos tengamos igualdad de oportunidades

En el lado de los técnicos comerciales del Estado, el claro ejemplo es el Ministro Luis De Guindos, que hizo la oposición a mediados de los años ochenta, y en 1988, salió de la Administración Pública, con 28 años, para ser nombrado Consejero Delegado de Asesores Bursátiles, que por aquel entonces era la primera sociedad de valores no bancaria del país. La verdad es que no creo que se enseñe mucha bolsa en las oposiciones de técnico comercial, ni que haya muchos consejeros delegados con tan corta edad, pero como he dicho al principio, lo importante es pertenecer a una determinada clase social, y conseguir la vitola de pertenecer a los cuerpos de la Administración del Estado. Lo demás viene rodado. En 1996, De Guindos pasó a la política, perteneciendo a los gabinetes de Aznar desde 1996 a 2004, y cuando inesperadamente perdió el Partido Popular las elecciones de dicho año, pues pasó a ser Presidente de Lehman Brothers España, pero esa es otra historia, igual que la pertinaz lucha del ahora Ministro por conseguir colocar en un puesto de seis cifras de sueldo a su amigo y denostado Ministro, pero compañero de promoción, José Luis Soria.

Esta especie de consorcio, por no llamarle de otra manera, de la función pública, tiene que ser revisado legalmente, a fin de garantizar que las personas que se presentan a una oposición a los cuerpos superiores de la Administración del Estado, lo hagan porque realmente quieren desempeñar un trabajo de servicio a su país, ejerciendo un determinado número mínimo de años la función para la que tan duramente se han preparado. No se puede permitir que las oposiciones al Estado sean simplemente una puerta para luego colocarse estupendamente en la actividad privada, o conseguir ascender a lo más alto en la política. Amén de que como son funcionarios públicos, tienen un puesto vitalicio para volver cuando quieran, a pesar de que sólo hayan estado un par de años en la Administración.

La metamorfosis de los partidos políticos a agencias de colocación

El sistema de castas es un modelo medieval, que teóricamente sólo pervive en la India profunda, pero que desgraciadamente está mucho más desarrollado de lo que creemos en algunos países de la Europa mediterránea. Y si las castas se organizan con dinero privado, allá ellas, pero no se puede utilizar a la función pública para establecer unos niveles de privilegio que en muchos casos pasan de padres a hijos, entre otras cosas porque los padres ya consiguieron un nivel patrimonial suficiente para poder costear a sus hijos los preparadores expertos (que también pertenecen o han pertenecido a los cuerpos de Administración del Estado) que les ayudan a aprobar esas difíciles oposiciones, amén de poder seguir financiándoles su vida hasta los 25/28 años.

Por ello, debería haber una iniciativa parlamentaria que exigiera el compromiso mínimo de diez a quince años de permanencia en los cuerpos superiores de la Administración del Estado, para que se pudiera optar a tener derecho a usar el título de la oposición aprobada; es decir, se aprueba la oposición pero no se tiene el título hasta que se refrenda con la práctica. Y después, cuando se quieran ir al Sector Privado, un período mínimo de cinco años para evitar la concurrencia; es decir, si un inspector de Hacienda ha estado inspeccionando empresas en Madrid, no puede abrir un despacho para seguir asesorando a esas mismas empresas desde el otro lado de la calle, para que paguen los menores impuestos posibles.

A ver si alguna vez conseguimos que haya democracia en nuestro país, porque la democracia no es solo votar, sino que, entre otras cosas, todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades de desarrollarse profesionalmente, en función de su valía, su trabajo y su talento.