lunes, 4 julio 2022 13:35

¿Puede el azar elegir los cargos públicos?

Uno de los grandes chollos que tienen los Partidos políticos es que pueden repartir a los suyos entre distintos puestos durante cuatro años. Esos cargos en Administraciones y, sobre todo, empresas públicas donde todo vale. Puestos que, en muchas ocasiones, se emplean para pagar favores y que, además, están muy bien remunerados. Miren, si no, lo que nos decía la web Sueldos Públicos acerca del salario del presidente de la SEPI o de CESCE, que se llevan 210.000 euros anuales a casa. Es decir, el máximo previsto en la Ley.

Esos famosos ‘dedazos’ que afectan a tantos y tantos puestos que dependen de nombramientos políticos necesitan un cambio. Ciudadanos y Podemos presionan para ello, y dada la debilidad del actual Gobierno puede que algo se avance en este sentido. Sobre la mesa ya tuvimos la primera -y polémica propuesta- de PSOE y Ciudadanos en su acuerdo de Gobierno con Pedro Sánchez… ¿Se acuerdan de la insaculación? Pues iba en este sentido. Sin embargo, ahora desde el think tank FEDEA ponen encima de la mesa otra que va un paso más allá: elecciones al azar. Así, como suena.

Esta propuesta -a la que ha tenido acceso Merca2– requiere “cambios constitucionales y de las leyes orgánicas que crean casi todas las instituciones”, aunque se fía al espíritu regenerador que existe entre la ciudadanía y que debería ser escuchado por los partidos. El objetivo final de esta idea es despolitizar la elección de los altos cargos. Su implementación es muy sencilla, y a la vez muy complicada.

El primer paso

-El más simple de todos- es la elección de los criterios para la selección de personas y la convocatoria. A partir de aquí la cosa se complica. Empieza a funcionar el azar. Para ello se forma -mediante sorteo- una Comisión de evaluación formada por personas de reconocido prestigio: profesores universitarios, catedráticos, funcionarios, profesionales… ¿Quién propone a los candidatos? Pues los partidos políticos, pero también organizaciones profesionales y asociaciones públicas y privadas que tengan algo que decir en el tema de cuestión y que tengan relevancia social. Huelga decir que, ninguno de los componentes de esa Comisión puede haberse presentado al puesto.

De ese modo se busca evitar que exista un grupo de control después del sorteo. Para ello, los grupos políticos podrán proponer en función de su representación parlamentaria; pero esa limitación se efectúa también para el resto de organizaciones. De este modo, se evita que “ningún proponente cuente con una probabilidad alta de controlar la Comisión”, reza el documento.

El trabajo de estos comisionados sería elegir al total de candidatos que deben ser tenidos en cuenta para ocupar el cargo. Para ello pone el ejemplo del Tribunal de Cuentas. Si hay cincuenta candidatos para renovar a los doce consejeros del Tribunal, habría que escoger a 24 personas -de entre todos los presentados-. Además, no se daría prioridad a ninguno sobre otro, y siempre que los 24 tengan el nivel requerido para el puesto.

Sin embargo, el autor del documento, el profesor Emilio Albi, no termina de fiarse plenamente de la fortuna y el azar. Por eso, en la tercera fase, sí incluye la intervención directa de la política. Es decir, la Comisión no toma la decisión definitiva. ¿Por qué? Básicamente porque existe “la legitimidad de los partidos expresada por los ciudadanos”; en segundo lugar porque “el azar es ciego y eso no quiere decir que sean los más idóneos para evaluar a otros”; y por último, porque “por muy profesionales que sean, también se pueden equivocar”.

El azar no es perfecto, por eso el modelo de FEDEA propone introducir la corrección democrática

Para la tercera ronda propone dos modelos. El innovador, que permite -con un sistema de mayorías parecido al actual- mediante audiencias públicas en el Parlamento la elección del candidato idóneo. Sin embargo, el texto avisa de que “si hubiera retrasos por no alcanzarse acuerdos que permitan mayorías, habría que pasar a la siguiente alternativa -de forma obligatoria”.

Esta segunda opción, que no termina de convencer al profesor porque “supone mantener la desconfianza en los políticos”, supondría que los partidos pudieras establecer vetos. Algo que se haría con mayorías cualificadas, con razones proporcionadas por escrito y publicadas, de hasta una cuarta parte de los miembros. Es decir, si tenemos 24 candidatos por parte de la Comisión para las 12 plazas del Constitucional, se podría vetar a seis personas. A partir de aquí, un sorteo designaría a los miembros del Consejo.


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