La posible reapertura de la central nuclear de Garoña va a dar mucho que hablar en los próximos meses. No sólo por la polémica suscitada por la autorización (y las dudas que existen sobre la posibilidad de que se lleve a cabo); sino también por la decisión adoptada por el Consejo de Seguridad Nuclear. El visto bueno a que Garoña continúe sus operaciones -bajo determinadas condiciones- es una novedad en nuestro país, sobre todo porque aplica un nuevo criterio del CSN (hasta ahora inédito) que permite renovar la licencia de una central por un período indefinido con una mera revisión.
Una situación que no convence a algunos miembros del propio CSN, como Cristina Narbona -que votó en contra de la reapertura-, pero tampoco a los técnicos de seguridad nuclear. Al menos, es lo que ha denunciado la Asociación Profesional que los agrupa (ASTECSN), quienes consideran que el pleno del Consejo ha podido «malversar recursos públicos» con el objetivo de evitar que el Gobierno tuviera que asumir un debate político que tuviera un coste para su imagen.
Las millonarias cifras que rodean la apertura de Garoña
Lo dicen en un comunicado que han emitido, y en el que aseguran que los técnicos del CSN han destinado más de 30.000 horas para evaluar la central nuclear de Garoña «de la que se sospecha que no tiene ninguna intención de reabrir». Por tanto, consideran que se han detraído esos recursos públicos de otras tareas de supervisión «por no haberse acometido a otros niveles el necesario debate político, ajeno al CSN, sobre el futuro de la energía nuclear en España», reza el documento.
A juicio de los técnicos durante las últimas semanas se han tomado decisiones encaminadas a permitir que las centrales nucleares puedan alargar su vida de forma indefinida. Y para ello ponen varios ejemplos de muestra de cómo ha sido el proceso. El primero de ellos, la modificación del reglamento el pasado 1 de febrero en un Pleno ordinario del Consejo de Seguridad Nuclear. En él, se relata el cambio de la guía de seguridad (GS1-10) en el que se elimina la obligación de realizar una Revisión Periódica de Seguridad (RPS) como renovación del permiso de explotación. Se da la circunstancia de que ese cambio, según ha reconocido la propia Cristina Narbona, en una entrevista en La Vanguardia, fue solicitado por la patronal eléctrica, UNESA.
El segundo paso para la modificación del debate nuclear se daría el mismo día de la autorización a Garoña. Fue entonces cuando el presidente del CSN, Fernando Martí, envió distintas cartas al ministerio de Energía -una por cada central- en el que se propone la modificación de las autoridades de explotación vigentes. Es decir, que pueden renovarse prácticamente de forma automática. Algo esencial, si se tiene en cuenta que en los próximos años termina la licencia de explotación de la mayor parte de las nucleares en nuestro país.
Todos estos detalles son los que hacen pensar a los miembros del ASTECSN que existía intencionalidad en todo lo que estamos viviendo. En especial porque, a su juicio, «no se puede hurtar a la sociedad la información que explique las motivaciones -supuestamente- técnicas que llevan a la modificación de las normas«, sentencia.
Pero lo que más llama la atención de los especialistas es el momento escogido por el CSN para efectuar todos estos cambios. Sostienen que «no existe ninguna solicitud formal de renovación por parte de ninguna central nuclear. Es decir, las modificaciones normativas se producen -aparentemente- por iniciativa del CSN, en todas las centrales nucleares de forma simultánea, y en el momento en que Garoña sirve como cortina de humo», sentencian.
