El llamado impuesto al sol hace preguntarnos, si un recurso natural como es el sol, que no es propiedad de ningún país ni persona, sino que es patrimonio de todos los habitantes del planeta, ¿deber estar gravado con un impuesto? Según el Gobierno sí, cuando hay un autoconsumo particular y se usa la red eléctrica para ello.
No es que sea algo nuevo, desde octubre de 2015 se oye hablar de si sale o no sale a cuenta (económicamente hablando) tener placas solares y autoabastecerse debido a lo que llaman «impuesto al sol». Por lo menos, es cierto que el Real Decreto 900/2015 de 9 de octubre de 2015, aparte de denso, es difícil de entender y puede llegar a tener vacíos. Siendo así, intentaremos aclarar un poco, al menos, las dudas de base. Es decir, aquellas personas que tienen placas solares que producen y almacenan energía limpia para su autoconsumo, tienen que pagar un impuesto adicional al que ya estaban pagando por el hecho de conectarse a la red.
Sin profundizar en los tecnicismos, el gobierno alega que, por el hecho de usar la red eléctrica, los usuarios deben pagar un impuesto extra con el objetivo de contribuir con los costes del sistema eléctrico. Lo que el Ministro Soria calificó de «peaje solidario» porque asegura que, si no se aumenta la recaudación por esta vía, el sistema peligra.
Si se supone que es un bien para todos, ¿cuál es el problema del impuesto al sol?
Que tanto los usuarios, como las organizaciones de consumidores, ONG y el resto de los partidos políticos ven en esta medida una clara apuesta para frenar el autoconsumo y beneficiar a las grandes eléctricas, ya que los autoconsumidores ya asumen el coste de la instalación y pagan el término de energía consumida, con lo cual es un extra sin sentido aparente.
Con la aprobación de la normativa, el consumidor debe abonar íntegramente la parte fija de su factura con la compañía eléctrica, como cualquier otro consumidor, pero también la misma proporción de impuestos y peajes que pagaría en la parte variable de la factura si no tuviera implementado un sistema de ahorro, como por ejemplo, las placas solares. Es un absurdo que la Unión Española Fotovoltaica compara con un hipotético «impuesto al abanico«, como si el gobierno hiciera pagar los mismos impuestos a las personas que se abanican para ahorrar y los que ponen el aire acondicionado 24 horas al día.
La inversión de instalar placas solares y la burocracia necesaria para hacer balance de cuánta energía generan y vierten en la red, acabará por no compensar a aquellos que se están planteando un cambio de sistema energético. Es por ello que muchos ven un tanto oscura una normativa que parece querer desalentar un cambio de paradigma energético en pro del medio ambiente y el ahorro, en lugar de fomentarlo.
Aun así, son cada vez más las cooperativas eléctricas verdes que ofrecen una energía alternativa a los usuarios.
¿Es España un caso único?
España se ha convertido en un caso aislado en el mundo, ya que mientras los países europeos y organismos internacionales apuestan por las energías renovables y favorecen el autoconsumo energético en los hogares, España las penaliza. Sin ir más lejos, la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) recuerda que, en Portugal, se permite el desarrollo del autoconsumo de hasta 1MW sin ningún tipo de peaje y el balance neto se hace pagando el precio de la energía excedentaria a un 90% de su precio de mercado. Portugal tampoco tiene ninguna restricción normativa en el almacenamiento, como sí sucede en España.
La polémica sobre el Real Decreto de Autoconsumo en España, más conocido como impuesto al sol, no cesa. Porque Europa va en una dirección y España, por otra.
A finales de año, la Unión Europea anunció la iniciativa ‘Clean energy for all Europeans’, una directiva para el periodo 2021-2030 que tiene como objetivo mantener la competitividad de la UE en la transición hacia las energías limpias que están transformando los mercados energéticos globales.
Y para conseguirlo, la UE se ha comprometido reducir las emisiones de CO2 en al menos el 40% para el 2030, «al mismo tiempo que moderniza la economía de la UE y contribuye al crecimiento y al empleo de todos los ciudadanos europeos. Las propuestas de hoy tienen tres objetivos principales: priorizar la eficiencia energética, alcanzar el liderazgo mundial en energías renovables y ofrecer un trato justo a los consumidores«.
En su comunicado, la Comisión Europea afirma que:
«Los consumidores son actores activos y centrales en los mercados energéticos del futuro. Los consumidores de toda la UE tendrán una mejor opción de suministro, acceso a herramientas fiables de comparación de precios energéticos y la posibilidad de producir y vender su propia electricidad. Una mayor transparencia y una mejor reglamentación que brinden más oportunidades a la sociedad civil para participar en el sistema energético y responder a los precios. El paquete contiene también una serie de medidas destinadas a proteger a los consumidores más vulnerables. «
