A los empresarios se les ha atragantado el turrón con las últimas reformas del Impuesto de Sociedades aprobadas por el Gobierno. Se han puesto a echar números, y las cuentas no cuadran por ningún lado. Lo ven tan mal, como que están convencidos de que el Ejecutivo busca financiarse a su costa, «sustituyendo deuda pública por deuda forzosa distribuida caprichosamente» entre las corporaciones que se ven afectados por los cambios normativos.
Una acusación que fundamenta en el interés del Gobierno por «obtener recaudación de las empresas para luchar contra el déficit, generada con las limitaciones a la compensación de pérdidas y deducciones». Una medida que para la CEOE genera un crédito fiscal (una deuda del Estado con la empresa) que se puede utilizar a partir del próximo ejercicio -2017-. Sin embargo, los patronos consideran que muchas compañías pueden resultar «inviables» por el adelanto que tendrán que hacer. No sólo eso, es que si desaparecieran «nunca podrán recuperar ese crédito que el Ejecutivo les ha obligado a asumir».
CEOE no descarta acudir al Tribunal Constitucional
No sólo eso, es que consideran -además- que la mayor parte de los cambios normativos que se han registrado vulneran la Constitución. Consideran que tienen un carácter retroactivo, ya que se aplican al año 2016 entero, y se modificaciones normativas que datan el año 2013. Una situación que «no es admisible ya que la retroactividad es una técnica legislativa muy perjudicial que deja en muy mal lugar a España», sentencia el informe que ha encargado CEOE.
Así que se abre la puerta a que puedan recurrir al Tribunal Constitucional en las próximas semanas en defensa de sus intereses. Creen que la nueva reforma de Sociedades vulnera el Artículo 86 de la Constitución. En concreto, ese texto establece que los Decreto-Ley no pueden afectar a derechos, deberes y libertades de los ciudadanos que se recogen en el Título I. Y como el contribuir es un deber, se verçia afectado.
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Pero va un paso más allá. Para la patronal los cambios efectuados en un Decreto Ley afectan a una figura central de la fiscalidad del país, como es Sociedades. Pero al final, afecta a la mayor parte de a población, porque buena parte de esa tributación se «trasladará a miles de accionistas que tendrán menos posibilidades de cobrar dividendos, así como por los trabajadores al tener un posible efecto sobre el empleo», advierten.
Aún hay más. La cosa no queda aquí. La CEOE cree que «es discutible» la urgencia en la reforma del Impuesto mediante la figura escogida, porque «el Real Decreto Ley debe ser la excepción y no la norma; y porque hay otras formas de reducir el déficit como el aumento de los tipos o la reducción del gasto».
Por todo esto, acusan al Ejecutivo de Rajoy de actuar con discrecionalidad porque «cualquier medida tributaria debe, por lo general, anunciarse con la debida antelación y tratarse con los afectados, dando el tiempo necesario para recibir aportaciones y recibir enmiendas de los grupos parlamentarios», sentencia.
Por último, el equipo de Rosell cree que todo esto genera «un problema de inseguridad jurídica» que puede hacer huir al inversor. Ya sea nacional o extranjero.
