Basta un poco de voluntad política para lograr acuerdos que ayuden a los ciudadanos. Así lo demuestra el que -en poco menos de un mes- el Gobierno y el Partido Socialista hayan sido capaces de poner en marcha el nuevo bono social. La ayuda para los consumidores vulnerables que no pueden pagar sus facturas de la luz. El objetivo es evitar cortes energéticos en hogares con pocos ingresos. Aproximadamente unos 2,5 millones de familias -si nos ceñimos a los criterios que se venían aplicando hasta el momento-.
Sin embargo, el número de personas que se beneficiarán a partir de ahora cambiará, al englobarse dos categorías: consumidores vulnerables severos (aquellos que son ayudados por los Servicios Sociales de los Ayuntamientos) y consumidores vulnerables, que ahora tendrán que ser definidos por el Gobierno en el desarrollo reglamentario. Aquí radicará el ‘quid’ de la cuestión, dado que de esa definición que se haga dependerá cuántas personas puedan acceder. De ahí que haya voces -entre ellas parte de las energéticas, la ONG Economics for Energy (EfE) y la Defensora del Pueblo- que reclamen un cambio que se base, esencialmente, en los criterios estrictamente de renta (y no por colectivos y potencia contratada como ocurre hasta el momento).
Reclaman que el bono social se haga también extensivo a otras energías como el gas
Según los cálculos efectuados por la ONG actualmente habría cerca de 700.000 personas que no deberían estar acogidas al bono social. Según el informe de la organización este desfase «podría interpretarse como que el bono social cubre bien a los hogares en riesgo… Pero también como que ayuda a personas que no lo necesitan, o deja desamparadas a familias que sí podrían requerirlo».
A juicio de los economistas que firman el estudio consideran que es necesario fijarse en el detalle de quienes pueden acogerse actualmente, porque «no necesariamente tiene por qué coincidir el criterio de vulnerable».
La primera circunstancia en la que se fija es que la mayor parte de los acogidos dispone de una tarifa contratada inferior a los 3 Kw. Para ello analiza la Encuesta de Presupuestos Familiares, en el que se sitúa el consumo que hacen los hogares. La conclusión que obtiene el economista que firma el análisis, Pedro Linares, es que «los menores consumos provienen de hogares con menos miembros familiares; sin embargo, las mayores tasas de pobreza provienen de los deciles con un mayor número de personas en el hogar», explica.
Después se ocupa del análisis de los pensionistas. Tan sólo pueden acogerse al bono social aquellos que cobran la pensión mínima. Del análisis de los datos, desde EfE concluyen que «el 45% de los hogares con miembros mayores de 65 años se encontraban en uno de los deciles con rentas más altas».
En cuanto a las familias numerosas, Linares, considera que «cerca del 40% de las familia numerosas no necesitan ayudas relativas al bono social». No así con los desempleados, en donde los datos coinciden en que «el sustentador principal en desempleo o aquellos hogares con todos sus miembros en el paro coinciden con los menores niveles de renta». Sin embargo, el informe asegura que son quienes menos se acogen a esta ayuda «quizá porque el bono hay que solicitarlo, y quizá los hogares menos vulnerables son los que menos información tienen para ello», añaden.
En definitiva, desde EfE creen que es necesario conseguir una mayor equidad en el bono social «incluyendo un criterio de renta», pero también que se haga extensivo «a otros combustibles como el gas».
