Tiempos agridulces los que viven estos meses las compañías colaborativas de transporte. Léase el caso de la que nos ocupa, BlablaCar, pero también de otras como Uber. Son acogidas con gran éxito por los usuarios; pero otras asociaciones de transporte las consideran competencia y el Gobierno no sabe muy bien cómo afrontar este problema. La respuesta puede venir el próximo mes de abril desde Bruselas, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictamine -a petición de un juez español- si estamos ante un mero intermediario tecnológico o si, por el contrario, estamos ante un verdadero servicio de transporte.
De momento, en Madrid, Uber ya ha tenido que acogerse a la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre y trabajar con vehículos que cuenten con una licencia de conductor (VTC); y ahora la presión se extiende también a BlaBlaCar. La Comunidad ha abierto un expediente administrativo contra la plataforma por «ofrecer y facturar servicios sin disponer el título habilitante al efecto», una sanción que ya está «recurrida por la vía administrativa», según explica su director general en España y Portugal, Jaime Rodríguez de Santiago-Concha. Una situación que -dice lamentar- «ya que llevamos siete años operando en España sin fricciones con ninguna Autonomía, excepto en Madrid-.
«Hay que cambiar la Ley del Viajero PRivado. El coche compartido siempre ha existido y seguirá existiendo»
A su juicio el Gobierno de la Comunidad de Madrid «no entiende» la actividad de la compañía «ni la de los usuarios» porque no existe un ánimo de lucro con los viajes que se realizan. Explica que BlaBlaCar es un modelo de «compensación de un gasto generado por un viaje, y en el que no hay un beneficio propio». Y para ello pone de relieve el que la plataforma no fija las tarifas que deben cobrar los usuarios, tan sólo hace una recomendación del precio para evitar que pueda haber fraudes.
Ésa es, quizá, la gran diferencia contra Uber, en donde sí que existe una fijación real de precios por parte de la plataforma. Por eso, el director general de la compañía cree que «deben ser tratados de manera distinta, porque la Unión Europea lo exige. Si no hay lucro, no se puede exigir un requisito administrativo«, sentencia. Una licencia -que es lo que pide la Comunidad de Madrid a dos usuarios que también han sido sancionados por sacar beneficio- a la que «la gente que ofrece sus servicios en nuestra plataforma no puede obtener porque no cabe aplicar, según la Ley.
De momento el expediente de la Comunidad de Madrid continúa adelante, y parece que va a ir para largo. Sin embargo, Rodríguez de Santiago-Concha está dispuesto a llegar hasta el final, aunque tiende la mano para «encontrar un punto de encuentro con la Comunidad». Eso sí, reconoce que este tipo de noticias tienen un impacto negativo en la marca «que puede frenar el que nuevas personas quieran sumarse a utilizar nuestro servicio por temor a ser sancionadas», relata. Sin embargo, le cuesta hacer una cuantificación económica de lo que puede suponer.
Cambiar la Ley
Durante la converación con Merca2, el director general de BlaBlaCar repite insistemente la «necesidad de cambiar la Ley del Viajero Privado porque se queda antigua, y va a suponer el mayor obstáculo en los años venideros». Máxime, explica, «porque el coche compartido es algo que siempre ha existido y va a existir», clama.
Quizá por eso insiste una y otra vez en la necesidad de acercarse a las administraciones «de manera pedagógica» para que entiendan lo que supone su modelo de negocio. Algo que, a su juicio, sí ha ocurrido en países como Francia o Alemania «en donde se incentiva por el ahorro de emisiones y de energía que supone compartir el vehículo«.
Y como prueba aporta algunos datos de funcionamiento de BlaBlaCar que repite insistentemente cada vez que tiene ocasión: operan en 22 Estados de la Unión Europea sin ningún tipo de limitación.
