La guerra entre el Ayuntamiento de Barcelona y los pisos turísticos ilegales empieza a dejar víctimas colaterales. Asociaciones de vecinos de la Citutat Vella acusan al consistorio de “tirar a cañonazos contra todo lo que tenga apariencia de alquilar habitaciones”. Algo que, aseguran, está provocando multitud de sanciones erróneas.
Según ha podido conocer Merca2.es de fuentes vecinales, desde el pasado mes de agosto el Ayuntamiento que dirige Ada Colau ha intensificado –aún más- la presión sobre este tipo de establecimientos. Al parecer, y según relata el abogado Marc Pertíñez, ha habido un cambio en la forma de hacer las investigaciones. Hasta agosto la rutina era la búsqueda puerta por puerta con inspectores contratados a empresas externas. De hecho, los vecinos aseguran que han peinado dos veces ya la ciudad en lo que va de año. Pero ahora no. Según explica el letrado, “cuando hay una sospecha, se busca la localización más o menos exacta a través de Google Maps y se envía la incoacción del expediente. Algo que está provocando multitud de errores”.
A estas personas les llega una apertura de expediente por “Prestar o ejercer actividades y servicios turísticos sin disponer de los requisitos o las condiciones legalmente establecidas para obtener la correspondiente habilitación”. Es decir, el artículo 89.A de la Ley de Turismo de la Generalitat de Cataluña. Una situación que ya han denunciado varios vecinos ante la Justicia “por la injusticia cometida”, y porque puede derivar en una sanción de hasta 600.000 euros. La misma que se impone a los pisos que sí están incumpliendo la normativa. De hecho, el letrado asegura que «esa Ley sólo permite sancionar a empresas turísticas y no a personas que alquilen por períodos de tiempo».
Son las otras víctimas de un conflicto que dura ya una década, y que Colau ha recrudecido desde su llegada al Consistorio. En Barcelona no se emiten licencias de alojamientos turísticos, lo que ha llevado a muchas personas a lanzarse a abrir sus alojamientos –aun sin tener la preceptiva licencia-. Se amparan para ello en las competencias de Turismo de la Generalitat, que permite la apertura bajo “una declaración responsable”, frente a la política de licencias 0 impuesta por el anterior Gobierno de Xavier Trías y que aún continúa.
Para el abogado estas multas “no se ajustan al principio de proporcionalidad; de hecho, aplican un artículo que no corresponde e invaden competencias de la Generalitat de Cataluña”. A juicio del letrado debería aplicarse –en todo caso- el artículo 88.A de la citada Ley de Turismo que señala sanciones por “Incumplir o alterar los requisitos o las condiciones de los títulos preceptivos para el ejercicio o la clasificación de la correspondiente actividad turística”. Algo que está castigado con sanciones de entre 2.000 y 30.000 euros. De la otra manera, el mínimo son 30.000 euros y el máximo son 600.000 euros. Y algo de razón puede llevar, porque ya ha logrado un Auto contrario al Consistorio, después de que decidiera retirar las deudas pendientes.
Alquiler social
Muchas de las sanciones que se envían a los pisos ilegales llevan una segunda carta de acompañamiento. Esta viene firmada por la regidora del distrito de Ciutat Vella, Gala Pin i Fernando, quien explica a los propietarios que pueden optar por pagar la sanción en 10 días –lo cual reduce la sanción por pronto pago a 250.000 euros-; pero también da otra opción. Amparándose en la Ley del Derecho de Acceso a la Vivienda, permite a los propietarios entregar al Ayuntamiento la casa para destinarla a vivienda social. A cambio, ofrece una condonación de la deuda del 80%; mientras que el 20% restante se paga con el alquiler durante tres años.
Una medida que demuestra que “el único objetivo del Ayuntamiento es perseguir estos alojamientos para cumplir su Plan de Vivienda Social. Es decir, no existe un criterio legal sino objetivo”, dicen otras fuentes vecinales. Hasta el mes de julio habían sido sancionadas 500 personas, y ninguna de ellas había optado por ceder su vivienda.
De momento se han presentado ya varias demandas ante la Justicia por esta situación y las anteriores, aunque el resultado se verá dentro de unos meses. Según explica el letrado, en los primeros meses de 2017 será cuando se conozcan las primeras sentencias. Aunque reconoce que ya hay alguna contraria al Ayuntamiento de Barcelona –que ha reconocido haberse extralimitado- en sus funciones.
