domingo, 3 julio 2022 10:22

La reforma fiscal que debería aprobar el nuevo Gobierno

Después de casi 11 meses sin gobierno, parece que España va camino de tener Ejecutivo en las próximas semanas. De no ser así, habría que esperar hasta 2017 para que se formara. Si bien cuanto más tardan los partidos en llegar a un acuerdo, menos pueden esperar los ciudadanos para que se lleve a cabo una reforma fiscal integral que garantice, tanto el principio de suficiencia, como una distribución equitativa de los ingresos que corrija los efectos más adversos de la crisis económica.

Si algo marcó la anterior legislatura fueron los bandazos en materia fiscal que lo único que hicieron fue convertir el sistema en más desigual. Por ejemplo, la reforma del IRPF tuvo un alcance muy limitado, pues las rentas más bajas, aquellas de hasta 12.450 euros anuales, prácticamente ni lo notaron, ya que tan sólo ahorran 4 euros anuales gracias a esa rebaja o, lo que es lo mismo, 32 céntimos al mes. Sin embargo, las casi 439.000 personas que declaran más de 60.000 euros anuales, el 3,3% del total de contribuyentes, se embolsan más de 860 euros anuales gracias a la rebaja, lo que pone de manifiesto que dicha reforma aumentó la desigualdad, dado que benefició a un grupo de contribuyentes muy reducido.

Se hace imprescindible un plan de lucha contra el fraude

Por lo tanto, vemos cómo se viene beneficiando a las rentas elevadas frente a las medias y bajas en el trato fiscal, lo que se traduce en un menor estado del bienestar y, lo más importante, en una posible tacha de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque el artículo 31.1 de la Carta Magna establece los principios de equidad y progresividad del sistema fiscal, los cuales, a tenor de ejemplos como el anterior, no se están respetando hoy en día.

El sistema tributario es desigual.

El hecho de que impuestos como el de Patrimonio tengan una bonificación del 100% en comunidades como Madrid o del 50% en La Rioja refleja que las grandes fortunas tienen mayores ventajas fiscales, cuando son las que más deben contribuir con las arcas públicas, de acuerdo con su capacidad económica.

Para llevar a cabo este cometido, los Técnicos de Hacienda propusimos en diciembre, antes de las primeras elecciones, que para hacer el sistema fiscal más igualitario era imprescindible, entre otras medidas, acabar con la dualidad del IPRF, que favorece a las rentas del capital frente a las del trabajo o actividades económicas; establecer un límite máximo en el porcentaje de participación en una SICAV de entre el 2% y el 5% para evitar la elusión de impuestos que se hace por esa vía; o nivelar el tipo medio efectivo del Impuesto de Sociedades, pues a día de hoy las pymes tributan a un tipo medio efectivo del 14,9%, mientras que las  más grandes empresas lo hacen al 6%.

Las rentas más bajas no notaron el efecto de la reforma fiscal de montoro

La lucha contra el fraude, imprescindible

Pero nada será suficiente sin un plan eficaz y realista de lucha contra el fraude. Actualmente la bolsa de economía sumergida en España asciende a más de 253.000 millones de euros, una cantidad equivalente al 24,6% del PIB del país. Con estos números y ante los escándalos que han salido a la luz pública este año –como los Papeles de Panamá o de la Castellana-, es imprescindible modificar la estructura de lucha contra este tipo de actividades.

Porque actualmente –y lamentablemente- el 80% de los recursos de la Agencia Tributaria se destinan a perseguir el fraude que cometen los asalariados, autónomos, emprendedores o pymes, lo que deja muy poco margen de actuación contra el gran fraude. Todo esto redunda en que los españoles pagan de media 2.000 euros más al año en impuestos por un fraude que no cometen.

De este modo, vemos cómo es condición sine qua non poner en marcha un plan contra el fraude que de verdad funcione, pues de lo contrario el sistema tributario se hace más desigual e injusto aún, y nunca consigue el que debería ser su principal objetivo, de acuerdo: con los preceptos constitucionales: y que los impuestos sirvan, tanto para el mantenimiento del estado de bienestar, como para reducir la desigualdad, mediante su función redistributiva.


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