Los hemos visto manifestarse, tirar piedras a los vehículos, insultar a los conductores… Pero todavía o sabemos por qué los taxistas no quieren a Uber en sus calles… La popular plataforma de transporte alternativo al taxi, que opera ya en 108 países y que, sin embargo, todavía no ha conseguido ganar un solo euro. Es más, ha perdido en en el primer semestre del año 1.270 millones de dólares –y eso que los ingresos aumentaron un 18% hasta una cifra similar-.
Unas cifras que la compañía achaca a las ayudas que debe otorgar a clientes y conductores para incentivar su uso. Otro problema que se suma a la falta de confianza que existe sobre ella en muchos países, y la oposición del mundo del taxi que ha llevado a sus conductores a manifestarse contra el servicio tecnológico en la mayor parte del mundo.
En primer lugar –y esto es extensivo a Uber y otras plataformas similares- el gremio habla de la desregulación de los precios que la liberalización del sector puede traer bajo el brazo. “Pueden subir y bajar los precios a su antojo”, asegura Juan Antonio Campos, profesional del taxi que lleva más de 30 años recorriendo las calles de Madrid con su coche.
Coincide en esta opinión, Jesús Fernández, vicepresidente de la Federación Madrileña de los Profesionales del Taxi, que aclara: “Las tarifas protegen tanto al trabajador como a los usuarios. Uber marca un precio distinto según la demanda que haya en ese momento”.
El sector argumenta que su aportación al PIB de españa es muy superior a la de uber, porque la app no paga impuestos en nuestro país
Aunque este no es el único problema que se vislumbra en el horizonte, desde esta área aseguran que la liberalización traerá problemas a la salud del Estado del Bienestar.
Consideran que se perderá gran parte del aporte que realizan a las arcas públicas, ya que estas aplicaciones suelen tener sus sedes sociales asentadas en otros países por lo que su contribución es menor e incluso nula.
“Estas nuevas aplicaciones son simples intermediarios, no pagan dinero ni en el mantenimiento del coche ni a la Seguridad Social. Además tienen sus sedes fiscales fuera de nuestro país: Uber en Holanda y Cabify en Delawere”, explica el propio Fernández.
Por su parte, según los datos que manejan en esta asociación profesional para la Comunidad de Madrid, el taxi aportaría casi un 1,7% del total del Producto Interior Bruto (PIB) regional. En total, si se suma el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) sólo el sector madrileño contribuye, aproximadamente, con 45,78 millones de euros a las arcas del Estado.
Otro de los puntos de fricción se encuentra en el servicio que ofrecen. Para el área tradicional del transporte metropolitano, tanto Uber como el resto de aplicaciones que basan su transporte en las licencias VTC (EXPLICA QUÉ SON) están invadiendo competencias que son inherentes y exclusivas de los taxistas.
“Las concesiones de VTC estaban pensadas para dar un tipo de servicios característicos ¿CUÁLES?. El taxi tiene una forma de trabajar y los conductores con licencia VTC otra; sin embargo, están invadiendo la del servicio público”, explicaba Fernández sobre esta cuestión.
Una licencia puede costar en madrid hasta 120.000 euros
A favor de la opinión de este representante está Campos: “Ellos no pueden recoger gente en la calle. En teoría no pueden ofrecer el mismo servicio”.
En Francia ya han sufrido estos problemas, por ello a principios de año la justicia del país galo impuso una multa de 1,2 millones de euros a la compañía estadounidense – a pagar a la Unión Nacional de los taxis- por no cumplir con esta norma. En la sentencia se acusaba a Uber de no informar a sus conductores de la obligación de volver a la sede una vez que han acabado un servicio.
“En España ya se ha sancionado por esta cuestión a más de 100 vehículos”, sentenciaba el vicepresidente de FPTM sobre la problemática, al tiempo que añadía que Uber “sabe en todo momento, gracias al sistema de geolocalización, donde están sus coches”.
En cualquier caso, clarifica mucho el panorama la reflexión del propio Sanz el pasado mes de junio: “Cuando se habla de desregularizar el sector del taxi, no solo se está hablando de economía y de los derechos (que no los deberes) de determinadas multinacionales, sino también de los derechos de los ciudadanos a disponer de un servicio de transporte público de puerta a puerta que garantice unas tarifas asequibles y una calidad determinada”.
