La felicidad va por barrios. En la batalla que se lidia entre el taxi y Uber y Cabify todos se sienten perdedores. Tras el Real decreto-ley ratificado el pasado 25 de octubre, todo sigue igual, menos en Cataluña donde parece que las VCT van a tener que modificar su método de trabajo, antes que en el resto de comunidades.
Unauto, la patronal que representa a la mayoría del sector, ha vuelto a amenazar con solicitar grandes cantidades de dinero en concepto de indemnización. Este jueves se ha reunido en Barcelona para comunicar a la Generalitat que, si introduce restricciones adicionales a la operativa de las VTC, podría enfrentarse a unos costes que podrían ascender a un mínimo de 1.000 millones de euros, un 2% de los presupuestos generales de Cataluña. “Las indemnizaciones significarían el 9% del presupuesto destinado a Sanidad y casi el 20% de presupuesto asignado a Educación en ese territorio”, apuntan.
La patronal en Cataluña eleva el tono y acusa al taxi de “secuestrar” Barcelona y de “boicotear” el derecho a la movilidad de los ciudadanos. Además, ha señalado que es el sector más radical del taxi quien dicta las políticas de movilidad en esa comunidad, contra el interés general.
Como soluciones, Unauto Cat, apuesta por una regulación sostenible que avance hacia un transporte multimodal y menos dependiente del coche privado. Y pide al Govern diálogo para solucionar el conflicto y para evitar la destrucción de aproximadamente 3.000 puestos de trabajos.
En el ambiente sobrevuela la posibilidad de que el gobierno catalán vaya a regular ya a las VTC. El reglamento estableció que los ayuntamientos y comunidades autónomas deberán otorgar una segunda licencia a los coches con conductor para operar en zonas urbanas, y estableció un plazo máximo de cuatro años para hacerlo. De no ser así, la competencia pasará a ser interurbana.
El taxi mostró su indignación y señaló que la moratoria suponía una indemnización en tiempo. Lo que pretendía el ejecutivo era que dueños de licencias pudieran amortizar las inversiones en este plazo. Hasta ahora parecía que no iba a haber movimientos, sin embargo, la Generalitat de Cataluña y el área Metropolitana de Barcelona están a punto de concluir su hoja de ruta que pasa por la precontratación como elemento principal. Según estos organismos los usuarios deberán contratar los servicios de vehículos de alquiler con conductor con una antelación de al menos seis horas.
En Madrid de momento no se va a regular, con las elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina y mucha tensión en la calle, en un escenario de pre huelga indefinida, la consejera de Transportes aseguró el pasado mes de diciembre que no veía conveniente regular las VTC y equiparó su funcionamiento al de un servicio público.
SITUACIÓN DE UBER FUERA DE ESPAÑA
La irrupción de nuevas empresas tecnológicas no ha tenido la misma acogida en todos los países. La compañía de San Francisco opera sin problema en EUU sin embargo en Europa no está teniendo la misma suerte. Bélgica prohibió operar a Uber en todo su territorio a finales de 2018. Francia prohibió UberPop, el servicio de Uber con coches particulares. En Alemania se están empezando a reconciliar, y tras años en batallas judiciales vuelven a circular por las calles de algunas ciudades, pero aun tímidamente.
En Reino Unido el conflicto se está enrocando. 2018 ha estado plagado de ida y venidas, sentencias y apelaciones. El pasado mes de diciembre el Tribunal de apelación dictaminó que los empleados de Uber no son empleados por cuenta propia, sino que dependen de la empresa y por tanto operan como falsos autónomos. Esto puede suponer un aumento en los gastos de la compañía, pero también una manera de allanar el camino para que las licencias operen seguras, según los analistas de Bloomberg.
Tras estos golpes de efecto, vía judicial y administrativa, Uber está comenzando a cumplir las regulaciones locales, dado que los tribunales tienen protestas de exigirle cumplir con las normativas de casa país e incluso prohibir su actividad. Bloomberg inteligente señala que “se le puede pedir que cumpla con todos los requisitos reglamentarios que los países imponen a los servicios de transporte urbano no público, como normas laborales, ambientales o de seguridad”.
En España está ocurriendo totalmente lo contrario. En la actualidad están aumentando el número de licencias de VTC, y parece ser que puede seguir aumentando hasta que las normativas locales detengan el proceso.
