Aerolíneas

Tratar de gravar al sector de la aviación en Europa con un impuesto sobre el combustible o los billetes en función de su impacto medioambiental. Esta es la medida que han propuesto Bélgica y Países Bajos en la última reunión de Ministros de Medio Ambiente en Europa. El sector turístico al completo ha puesto el grito en el cielo pidiendo al Gobierno español que rechace la tentación de imponer la tasa. Pero, ¿realmente tiene sentido aplicar una nueva tasa?

Desde un punto de vista recaudatorio, como cualquier impuesto, lo tiene. Y es precisamente aquí donde surge el principal problema. Las tasas acabarían repercutiendo en el usuario ya que las aerolíneas trasladarían ese incremento –o parte del mismo– al precio del billete. Con lo que en un billete de una aerolínea low cost, por ejemplo, el impacto sería muy relevante.

Si este hecho repercute en una caída en la ocupación de las aerolíneas, las de bajo coste podrían tener problemas para continuar con su actividad. Y más teniendo en cuenta el escenario actual, donde Ryanair y Norwegian muestran los primeros síntomas de debilidad del modelo de negocio. Germania, Joon –la low cost de Air France– o Monarch Airlines ya han desaparecido.

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El alto precio del petróleo es uno de los principales problemas que arrastran muchas compañías, incluidas las tradicionales. La buena noticia es que la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) estima que el precio medio para 2019 descienda desde 72 dólares por barril (medio 2018) hasta 65 dólares. No obstante, solo se trata de estimaciones que pueden cambiar en función de otros parámetros.

LAS AEROLÍNEAS YA PAGAN TASAS AÉREAS

Además, las aerolíneas ya hacen frente a otro tipo de tasas y costes derivados de su actividad. Entre ellos, las tasas aeroportuarias. En España, las compañías las pagan a Aena y desde hace años siempre han levantado muchas polémicas derivadas de las subidas constantes. De hecho, Ryanair llegó a amenazar con abandonar algunos aeropuertos, como Madrid-Barajas, si las tasas seguían subiendo.

Así, Aena recapacitó y tomó nota de este aviso. Durante el periodo 2017-2021, mantendrá el descenso del 11% de las tasas aeroportuarias tal y como establece el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA). Medida que se tomó por su alto coste. Sin embargo, en 2019 congelará las tasas.

“La propuesta de un nuevo impuesto a la aviación se sumaría a otras tasas ya en vigor como las aeroportuarias y de navegación, que encarecerían el transporte aéreo al desalentar a los pasajeros a utilizar el avión para viajar, lo que perjudicaría al turismo, e indirectamente, a la economía”, indicó la Asociación de Compañías Españolas de Transporte Aéreo (Aceta) en una entrevista en ‘Europa Press’.

Es decir, no solo afecta a las aerolíneas, sino al sector turístico en su conjunto. De los 82,7 millones de turistas internacionales que recibió España en 2018, un total de 67,5 millones llegaron por vía aérea (un 1,3% más que el año anterior). El impuesto repercutiría en este dato.

Asimismo, el espacio aéreo cuenta con el Plan Corsia de reducción de emisiones que comenzará a aplicarse en 2021. Dicho plan supone la limitación del crecimiento de emisiones del conjunto de la aviación mundial a partir de 2020, con un estándar que la aviación tendrá que cumplir con un nivel mínimo de referencia (una emisión máxima de combustible por kilómetro de vuelo que no debe superarse).

En definitiva, tiene poco sentido gravar a las empresas con un nuevo impuesto. Además, los plazos legislativos para que esta propuesta cuaje en Europa son muy ajustados.