Que el Tribunal Constitucional es el más político de todos los tribunales españoles, no lo pone nadie en duda. Por algo sus miembros son elegidos mediante el método de reparto entre progresistas y conservadores, unos a propuesta de la izquierda, y otros a propuesta de la derecha, lo que obviamente lleva a que los magistrados tengan una dependencia a veces obscena de aquellos que los han elegido.
Todos los Gobierno han querido tener bajo control al Tribunal Constitucional porque son muchas las leyes y otras actuaciones que se recuren al alto tribunal y que pueden ser ‘censuradas’ por él mismo. Aunque orgánicamente el ministerio que tiene ascendente sobre el TC es el de Justicia que dirige Rafael Catalá, sin embargo el ‘control’ de esta institución ha caído siempre bajo el manto extenso de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y su equipo jurídico.
Pero, de un tiempo a esta parte, y cuando el TC tiene que pronunciarse sobre asuntos de interés trascendental, entre ellos todo lo referido a la deriva soberanista catalana, la vicepresidenta parece haber perdido ese control. O al menos eso es lo que se desprende de algunas decisiones que se han tomado en el TC y que no parecen estar muy en la línea de lo que podría pretender el Gobierno. Especialmente en lo referido a los nombramientos de letrados, una figura muy importante puesto que son los que realmente se ocupan de elaborar los informes que luego defienden los magistrado del alto tribunal.
Recientemente uno de los magistrados conservadores del TC, el ex teniente fiscal Antonio Narváez, decidió elegir como letrado a un hijo de Tomás de la Quadra, experto constitucionalista pero muy próximo al PSOE. Sin embargo, el caso más llamativo es el del magistrado progresista Cádido Conde Pumpido –ex fiscal general del estado con el PSOE-, que propuso como letrado a Ignacio Sánchez Yllera, que fuera jefe de ganinete de Teresa Fernández de la Vega y magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid.
Los magistrados conservadores del TC han perdido la confianza en la Vicepresidenta
Ante tal propuesta, el ex rector universitario y magistrado conservador Antonio González Trevijano fue a ver al actual presidente del TC, Juan José González Rivas, para señalarle la inconveniencia de ese nombramiento, que ya se había intentado en anteriores ocasiones y había sido rechazado por inconveniente. Sánchez Yllera está presuntamente implicado en algún caso de corrupción, el que afecta al presunto intento de soborno del ex consejero de Ordenación del Territorio del cabildo de Lanzarote por parte del empresario Luis Lleo, al que asesoraba Sánchez Yllera.
Advertido Conde Pumpido por el propio presidente del TC de las objeciones de González Trevijano, llamó a este último, y sin que se conozca el contenido de la conversación consiguió convencerle para que retirara tales objeciones. ¿Porqué? Todo apunta a que los magistrados conservadores no se sienten identificados con este Gobierno y eso hace que éste haya perdido toda relación con ellos, lo que ha llevado que el grupo de letrados esté más próximo al PSOE
