Neinor ha descartado entrar en el negocio y Aedas no termina de decidirse. La incertidumbre política suscitada con el tema del alquiler frenan el apetito inversor. Por su parte, el Gobierno de Sánchez aprueba un Real Decreto-ley de medidas urgentes para atender la emergencia social en materia de vivienda. El alquiler sigue en mano de propietarios privados.
Desde hace algunos meses, son muchos los rumores que sitúan a las grandes promotoras inmobiliarias dando el salto al mercado del alquiler. Son muchas las fórmulas que se han estudiado. Promociones exclusivas para el arrendamiento, la creación de filiales, fusiones… Pero lo cierto es que ninguna contempla esta opción, sobre todo por la inestabilidad política y la falta de seguridad jurídica.
Neinor ya ha descartado de manera oficial entrar en el mercado del alquiler. La compañía de Velayos había pensando incluso crear una socimi para gestionar esta nueva línea de negocio, según publicó ‘Cinco Días’. Pero al final la promotora ha decidido retirarse del arrendamiento de viviendas. No lo ve claro y tras unos grandes resultados –beneficio neto de 50 millones de euros, frente a los 25,9 millones de pérdidas en 2017- pretende centrarse en su negocio principal: la venta de viviendas de obra nueva.
La idea de entrar en el alquiler no era sólo de Velayos. De hecho, era algo que también rondaba la cabeza de Adar Capita, el fondo de inversión que controla un 28.6% de Neinor y que de momento ha descartado lanzar una OPA sobre la promotora, según pudo saber MERCA2. Pero ni el CEO de la compañía ni su máxima accionistas van a entrar en este momento al mercado del alquiler.
La otra grande de las nuevas promotoras inmobiliarias, Aedas, tampoco se ha decidido a entrar esta nueva línea de negocio. La empresa de David Martínez, al igual que Neinor, no quiere arriesgarse a entrar en un mercado inestable. El alquiler asegura una gran demanda, sobre todo en zonas como Madrid o Barcelona, pero que arroja unos márgenes menores y una estructura de beneficio más a largo plazo.
Aedas no quiere crear una filial para el alquiler, pero sí es cierto que valora la posibilidad de construir y entregar 500 viviendas para arrendar a un inversor institucional, según adelanta ‘Expansión’. El objetivo es generar activos y venderlos, no quedárselos en propiedad para luego gestionarlos. La naturaleza de la empresa no es esa. En 2018, la compañía invirtió 112 millones en suelo para levantar 2.600 viviendas y cuenta, además, con opciones de compra sobre suelo para 400 unidades más. Este 2019 promete ser un gran año si los ayuntamientos cumplen las concesiones de licencia de obra que tanto han lastrado a las promotoras inmobiliarias.
Al final, todos los agentes del sector desconfían de esta línea de negocio que en un porcentaje del 96% está en manos de propietarios privados. Todos los ‘players’ hablan y especulan con la profesionalizacón del alquiler, pero la realidad es que nadie se atreve a meterse de lleno en él.
A la negativa de entrar en el arrendamiento de viviendas no ha ayudado el actual Gobierno y sus políticas en materia de vivienda. Durante la breve legislatura de Pedro Sánchez, las socimis han temido por su desaparición y las dudas en el mercado del alquiler no se han dejado de suceder.
La última decisión del caduco Gobierno socialista es la aprobación de un Real Decreto-ley de medidas urgentes para atender la emergencia social en materia de vivienda. «Se trata, en definitiva, de dar un giro social en la política de vivienda», afirma el Gobierno.
Entre las medidas, destaca unas por encima de otras. Las más importantes están relacionadas con el alquiler. Una de ellas es la que pretende ampliar la prórroga obligatoria de tres a cinco años, si el arrendador es persona física, o a siete años, si es persona jurídica, Además, se amplía la prórroga tácita, si ninguna de las partes dice nada transcurridos los cinco o siete primeros años, de uno a tres años.
Aumenta también a dos meses el plazo de preaviso previsto para no renovar el contrato para el inquilino y a cuatro meses para el arrendador. Por otra parte, los contratos no inscritos vuelven a tener efectos ante terceros, de forma que cuando haya una venta de un piso arrendado, el inquilino quede protegido, esté o no inscrito el contrato en el Registro de la Propiedad.
INCERTIDUMBRE QUE FRENA LA INVERSIÓN
El Real Decreto-ley mandata al Gobierno a impulsar la oferta de viviendas en alquiler asequible mediante medidas para favorecer la información y la transparencia en el mercado del alquiler, así como las políticas de vivienda o fiscales. Así, se establece una información mínima que deben recoger los Depósitos Autonómicos de Fianzas en las comunidades autónomas donde estén creados y se creará, en el plazo de ocho meses, un índice estatal de referencia del precio del alquiler de vivienda.
Al mismo tiempo, en caso de venta conjunta de un inmueble con arrendamientos se establece el derecho de adquisición preferente (tanteo y retracto) por Administraciones Públicas.
El problema es que todas estas medidas están el aire debido a la próxima celebración de elecciones generales, autonómicas y municipales. La inestabilidad no invita ni alimenta el apetito del inversor, a pesar de ser un sector que cuenta con una alta demanda.
