A pesar de la interinidad de un Gobierno que se decía en funciones, la Administración General del Estado no ha dejado de licitar obra pública. Así, y de enero a noviembre de 2019, dicha licitación ha sumado la cantidad de 5.559,7 millones de euros. Se trata de un 26,4% superior respecto al mismo periodo de 2018. Un 2018 en el que el Estado dejó de ejecutar 2.905 millones de euros. Es decir, que el grado de ejecución fue del 67,2% (67% en Fomento y 63% en Transición Ecológica). En Oficemen esperan que se rompa esta tendencia.
“Además de licitar, esperamos que, al fin, se ejecuten las obras comprometidas”, señalan desde la patronal del sector cementero. Porque, y el dato asusta, el nivel de consumo doméstico de cemento actual se asemeja al de mediados de los años 60 del pasado siglo XX.
El grado de ejecución de la obra pública del Estado no llegó al 70% durante el año 2018
De entrada, la colaboración entre ambas partes se antoja fructífera. Servicios públicos como la sanidad o la educación serán prioritarios para el nuevo Gobierno. Servicios que requieren de infraestructuras adecuadas que permitan el acceso universal de todos. Sobre todo, en las zonas rurales de difícil acceso.
“Nos referimos a infraestructuras como carreteras, caminos rurales, depuradoras, colegios y hospitales. Otras infraestructuras imprescindibles son las de saneamiento y abastecimientos de aguas. Su condición precaria ha conllevado multas desde la UE que estamos pagando con los impuestos de todos. Unos impuestos que estarían mejor empleados en la corrección de dichas irregularidades”, matizan desde Oficemen.
GOBIERNO VS EXPORTACIÓN
Hay un dato que debería poner a pensar al nuevo Gobierno: las exportaciones de cemento llevan 30 meses cayendo de manera ininterrumpida. “Una situación que la industria no se puede permitir”, denuncian desde Oficemen. Menos todavía cuando el mercado doméstico tiene unos valores tan bajos como los anteriormente reseñados.
Por eso, además de tender la mano al nuevo Ejecutivo, en Oficemen piden ayuda en dos aspectos clave para el futuro del sector. Por un lado, su apoyo en iniciativas de economía circular. “Aquí la industria cementera juega un papel decisivo en el aprovechamiento material y energético de residuos no reciclables”, argumentan.
Por otro lado, consideran imprescindible el desbloqueo del estatuto de la industria electrointensiva. Medida clave para pagar un precio por MW equivalente al de los competidores europeos. “No debemos olvidar que nuestro coste de la electricidad sigue siendo un 27% más caro que en Alemania o Francia”, recuerdan desde la asociación. Ello, unido al incremento de los costes de emisión de CO2, ha provocado ese prolongado periodo de caída de las ventas al exterior antes mostrado.
“Tras dos años de presupuestos prorrogados, nuestro país necesita una estabilidad que le permita acometer las inversiones necesarias para el progreso del conjunto de la industria, básico en cualquier economía moderna. Es imprescindible para que nuestro país no pierda competitividad ni nuestros ciudadanos calidad de vida frente a nuestros vecinos europeos”, reclaman desde Oficemen.
Si echamos la vista atrás a la inversión pública en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019, que finalmente no se aprobó, el crecimiento previsto era del 24,4%. Es decir, que se situaba en 10.737 millones de euros: 1.996 millones más de inversión.
Es de prever que, en los próximos presupuestos, el Gobierno siga esta línea. En el Ministerio de Fomento, la inversión aumentaba un 24,3% para llegar a 9.762 millones de euros (1.909 millones más que en 2018). En Transición Ecológica, dicho incremento era sólo del 6,2% para situarse en 975 millones de euros. Esta cantidad se antoja insuficiente para sufragar el saneamiento y depuración de las aguas. Un dato: invertimos en este tipo de infraestructuras un 56% menos que la media de Francia, Alemania, Reino Unido e Italia.
