La CNMV contrata a dedo y por urgencia a EY, antiguo auditor de Naturgy, para «valorar empresas», en mitad del tsunami provocado por la oferta de compra lanzada sobre la gasista. Una operación que ha removido al sector empresarial y político español y en el que el Gobierno y el regulador tienen la última palabra.
El acuerdo entre ambas partes se ha cerrado mediante un acuerdo público, este mismo lunes 1 de febrero, bajo el descriptivo título de: «Asesoramiento en valoraciones de empresas». Además, el mismo se ha articulado con la mayor velocidad posible y en el máximo secreto. De hecho, dicho contrato se ha desarrollado por la vía urgente y solo se contactó a tres firmas, según consta en la documentación ofrecida por la CNMV. Además, el precio final ofertado por EY, de 65.000 euros, es una cifra muy por debajo de las propias estimaciones del regulador que esperaba un coste de 80.000 euros.
Aunque en principio el trabajo de EY no tendrá nada que ver, en principio, con la operación Naturgy, según explican ambas partes. El regulador señala que el contrato se licitó a finales de diciembre, cuando no se conocía nada sobre la opa. Aunque ha preferido no desvelar más detalles de este, al haberse cerrado por la vía de «negociado sin publicidad». Pero la proximidad de ambas firmas, y del tiempo de ejecución, ha provocado que algunas voces del sector señalen a dicho acuerdo. De hecho, la compañía fundada Alwin Ernst y Arthur Young ha sido el auditor de Naturgy en los últimos tres años.
EY AUDITÓ LAS CUENTAS DE NATURGY ENTRE 2017 Y 2020
La relación profesional entre ambas se remonta a 2017, cuando EY arrebata el contrato de auditoría a PwC y se convierte en el revisor oficial de las cuentas de la gasista. A lo largo de estos años, la firma ha acompañado y vigilado desde la distancia la profunda transformación que ha sufrido Naturgy en los últimos años. Hasta el punto, de que la energética bajo la presidencia y dirección de Francisco Reynes no ha contado con otro supervisor que no sea dicha big four.
En sus últimos informes, la compañía ha puesto el acento en diferentes temas: Compromisos de compra de gas natural para uso propio; Reconocimiento de ingresos en la venta de energía pendiente de facturar o la Evaluación de la recuperación del valor de distintos activos del Grupo. Aunque esa relación tocó a su fin el año pasado y ahora será KPMG la que asuma dicho cargo y prosiga con la labor.
El contrato con la CNMV se articulará a través de la sociedad matriz, Ernst & Young Servicios Corporativos. La división en cuestión no ha parado de crecer en España en los últimos años, de hecho, la facturación de la sociedad se ha multiplicado casi por cuatro en los diez años. El grupo, que integra auditoría y consultoría, acabó el 2019 con un volumen de ingresos de 530 millones como tercera en discordia. Por delante, todavía están Deloitte (832 millones) y PwC (621 millones), aunque cada vez más lejos.
EL PAPEL DE LA CNMV EN LA OPERACIÓN DE IMF
Por el momento, el grueso de la responsabilidad acerca de operación de compra de IMF sobre Naturgy recae sobre el Gobierno. Así, el Ejecutivo tiene que dar el visto bueno a aquellas operaciones en las que se pretende adquirir más del 10% del capital por parte de un comprador que proceda de un país extracomunitario y además se considere que la empresa pertenece a un sector estratégico. Pero antes de ello, una buena parte del trabajo lo hará la CNMV.
Así, primero el regulador deberá recibir la notificación oficial de la oferta, algo que todavía no ha ocurrido, según señalan desde el organismo. Aunque es previsible que llegue en breves. Una vez se reciba comienza el trabajo del regulador para examinar toda la información. Con ello, si antes de siete días el regulador no notifica nada a los interesados se da por hecho que la operación se admite a trámite. Posteriormente, se ejecuta el estudio exhaustivo, con un plazo máximo de 20 días, en el que se incluyen también a los ministerios de Energía e Industria.
Pero la CNMV también posee otros poderes importantes algunos. Uno de ellos, es el de no solo valorar la ofertada emitida para que se ajuste a criterios justos tanto en la forma como en la cuantía del pago que reciban los inversores, sino también exigir un informe externo sobre la operación. Se trata de una salvaguarda que se introdujo en la Ley del Mercado de Valores (la llamada antiopas) en 2012, tras la expropiación argentina de YPF, y que quizás próximamente tenga mucha relevancia.
