A nadie le gusta pagar más en su factura del teléfono e internet. Incluso, tampoco se quiere pagar más por tener mayor velocidad o cientos de canales de televisión. Por eso, las subidas de precios, como las que han llevado a cabo en las últimas semanas Movistar, Vodafone y Orange, molestan a los usuarios, pero es lícito. Todo está dentro de la lógica comercial y queda lejos de supuestos pactos de precios.
Eso, precisamente, es de lo que acusa la organización de consumidores Facua a los operadores de telefonía. En concreto, la asociación ha denunciado ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a las compañías de telecomunicaciones Movistar, Vodafone y Orange por la subida de tarifas al unísono en sus paquetes convergentes.
Facua advierte a la CNMC de que este incremento de precios de los planes conjuntos de telefonía, internet y televisión de las tres teleoperadoras “puede responder a un pacto que sería contrario a la Ley de Defensa de la Competencia”.
Sin cuestionarse nada más, la asociación alerta a la CNMC de que estas subidas recuerdan a lo que el artículo segundo de la Directiva 2014/10/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de noviembre de 2014, define como «cártel»: “Todo acuerdo o práctica concertada entre dos o más competidores cuyo objetivo consista en coordinar su comportamiento competitivo en el mercado o influir en los parámetros de la competencia”.
Así, una vez que Facua incluye en su comunicado la palabra cártel -con sus dosis de insinuación cinematográfica-, y se cuestiona la competencia real en el mercado telco, es turno de analizar si verdaderamente existe competencia, si está vigilada o si se podría hacer algo más.
Movistar, Vodafone y Orange, bien vigilados
La realidad, aunque a veces no guste a los usuarios, es tozuda. Los operadores, al estar en un mercado de libre competencia, ponen los precios que quieren a sus servicios. Pero eso no incluye bajo ninguna circunstancia que puedan pactarlos con otras compañías. Para que eso no suceda, la CNMC vigila y supervisa de manera constante esas actuaciones. Así pues, Facua podría haberse ahorrado la denuncia, puesto que ya se paga con dinero público a un regulador.
De este modo, y pese a las subidas desagradables, los usuarios deben estar tranquilos. En principio no puede haber ningún tipo de acuerdo de precios, pese a que todo haga pensar en ello.
Desde el regulador aseguran que la supervisión y vigilancia es continua. No obstante, precisan que también es complicado poder concluir, incluso mediante una investigación, que pueda haber ningún acuerdo para subir los precios a la vez. Hay tres problemas.
1- Diferentes servicios. Cada operador, bien sea Movistar, Vodafone u Orange, tienen una amalgama de servicios convergentes tan diferentes y variados entre sí, que nunca habrá dos que sean iguales. Y menos cuando incluyen música, televisión… Por lo tanto, no se puede concluir que pongan el mismo precio a los mismos servicios.
2- Promociones. Con tantas series y televisión, los operadores están continuamente ofreciendo promociones y descuentos a sus clientes, esto provoca que los precios tengan continuas fluctuaciones. Así es muy complejo determinar temporalmente cuando se han movido los precios y cómo.
3- Aumento de servicios. Por último, desde la CNMC argumentan que esta subida de precios viene acompañada de una mejora en los servicios, de nuevo a diferentes tarifas, que hace que el conjunto sea difícil de comparar.
Por si todo esto fuera poco, hay una circunstancia que también explica por qué estas subidas se dan temporalmente casi a la vez. Tiene que ver con los periodos fiscales de las empresas, que acaban en marzo, de ahí que quieran tener nuevos precios para abril. Por lo tanto, las subidas se hacen en los primeros meses de cada año, o a finales del anterior.
¿Y si de verdad pactan precios?
Distintos precios, promociones y servicios. Solo se trata de una coincidencia. No obstante, en el hipotético caso de que, efectivamente, Movistar, Vodafone y Orange hayan pactado subir los precios a la vez, la CNMC tiene la capacidad de actuar de oficio. En ese caso, se iniciaría una investigación desde el regulador para dictaminar si ha habido una acción colusoria por parte de los tres operadores.
Pero el problema ya se ha comentado: fuentes del regulador asumen que demostrar esta situación es muy compleja, por las tres situaciones descritas anteriormente, y porque el inicio de la investigación, en sí mismo, debe tener una justificación sólida.
El otro escenario para que se llevase a cabo una investigación es la denuncia de un tercero ante la CNMC, como ha sido el caso de Facua. En todo caso, sería el regulador el que -igualmente- debe valorar si hay indicios de que esta situación se esté llevando a cabo.
El cuarto operador amarillo
¿Falta de competencia? No parece que, en estos momentos, se pueda decir que en el sector telecos español falta competencia. De hecho, lo que hay ahora mismo es, quizá, un exceso de ella.
Esta misma semana publicamos en Merca2 que las ofertas convergentes están en un punto de saturación debido a la presión comercial de unos y otros; más la llegada de MásMóvil, que empuja en los segmentos de bajo coste. Así pues, en este contexto, tampoco habría una justificación objetiva para tener que investigar una hipotética colusión de precios. Además, existe ese cuarto operador que ofrece una alternativa de mercado para que los clientes insatisfechos puedan marcharse.
Por lo tanto, es evidente que la subida de precios de Movistar, Vodafone y Orange no gusta; pero también es cierto que la inversión en redes y el despliegue de fibra debe costearse.
