El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el fin de reafirmarse ante sus seguidores ha sacado a la luz una ley con más de 20 años de antigüedad que compromete, entre otros, intereses empresariales de compañías españolas. Entre ellas destaca la hotelera Meliá, que rápidamente ha salido al paso para explicar las cuestiones que le afectan de la controvertida Ley Helms Burton.
En concreto, Meliá Hotels International ha asegurado este miércoles no contar con bienes o participaciones de bienes que pudieran ser objeto de reclamación tras el levantamiento de la suspensión del Título III de la Ley Helms Burton por parte de la Administración de Estados Unidos y ha recalcado que, en todo caso, su papel sería el de mero gestor.
Para entender la situación, hay que remontarse a 1996 cuando fue aprobada la Ley Helms Burton. Este reglamento dio a los estadounidenses el derecho a demandar a empresas de todo el mundo que se lucren con los bienes confiscados por las autoridades ‘castristas’ durante el periodo de la revolución. Sin embrago, hasta la fecha, todo los gobiernos norteamericanos habían dejado sin efecto esta cláusula.
Pero ahora, tras una nueva ocurrencia de Trump, todo ha saltado por los aire. Así, a partir del próximo 2 de mayo, se podrán presentar demandas contra empresas extranjeras. Por ello, una de las compañías españolas más expuestas debido a su negocio, Meliá Hotels, ha lamentado la «incertidumbre e inseguridad jurídica» creada, aunque ha subrayado que no supondrá «ninguna alteración sustancial» en su actividad.
MELIÁ DEJA TODO CLARO
Desde la compañía comandada por Gabriel Escarrer han querido insistir en que ellos no son propietarios de bienes o participaciones de bienes que pudieran ser objeto de potencial reclamación.
En cualquier caso, matizan que, de dirigirse alguna reclamación contra algún hotel, su papel sería el de «meros gestores hoteleros», con un rol equivalente al del resto de actores de la cadena de valor del negocio turístico como agentes de viajes, tour operadores o líneas aéreas vinculados a la explotación turística en Cuba.
De dirigirse alguna reclamación contra algún hotel, su papel sería el de «meros gestores hoteleros»
En un comunicado, ha defendido que opera «legítimamente» en Cuba, donde ha llevado a cabo «una gestión impecable, profesional y responsable desde hace 30 años» en «un destino excepcional que debe seguir abierto al turismo internacional».
Finalmente, ha agradecido el «firme apoyo» y la reacción promovida por el Gobierno de España y la Comisión Europea a las empresas extranjeras.
Para el grupo hotelero, se trata de una ley que se considera extraterritorial y que les pondría «en el objetivo por el simple hecho de ser un actor económico dedicado al turismo», una industria que el expresidente estadounidense Barack Obama situó en la reciente Cumbre Mundial del Turismo en Sevilla como «una herramienta para construir un mundo mejor».
