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Fernando Grande-Marlaska, ministro de Interior. Foto: Gtres

Tricornios al aire. Diciembre va a ser un buen mes para los guardias civiles ya que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha decidido que, junto a la paga de Navidad, reciban lo que en el argot se conoce como ‘bufanda’. Así se denominan a los complementos de productividad regulados por ley.

La medida afectará a los casi 80.000 guardias civiles en plantilla, salvo a aquellos que hayan estado de baja durante más de 36 días a lo largo del año, y abarca desde los 385 hasta los 573 euros, dependiendo de los galones, según La Información.

Los que no están tan contentos son los más de 23.000 funcionarios de prisiones que han decidido poner el asunto en manos de los jueces. En concreto, el juzgado de instrucción número 33 de Madrid ha abierto diligencias previas tras la denuncia presentada por el sindicato mayoritario ACAIP (Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias). La denuncia es contra el secretario general de instituciones penitenciarias, Ángel Luis Ortíz, por prevaricación, malversación y contra los derechos de los trabajadores.

Sólo directivos y personal sanitario de las cárceles han recibido la ‘bufanda’ que si perciben todos los guardias civiles

Según este sindicato, el reparto hecho de más de un millón de euros en complemento de productividad es irregular, ya que la ‘bufanda’ sólo recayó en los cargos directivos de las cárceles y en el personal sanitario, castigando de esta manera al resto de trabajadores. Algunos de esos mandos decidieron meter las cantidades percibidas en un fondo común en solidaridad con sus compañeros. Malversador, arbitrario o ilegal fueron algunos de los adjetivos con los que ACAIP calificó la medida.

No es la primera vez que el sindicato acomete una acción de este calibre. De hecho, la Sala de lo contencioso-administrativo, durante 2017, ya anuló otro reparto similar llevado a cabo por el Ministerio dirigido por Fernando Grande-Marlaska. En aquella ocasión, las riendas las llevaba Juan Ignacio Zoido. Instituciones Penitenciarias recurrió ante el Tribunal Supremo.

FUNCIONARIOS Y LA FALTA DE CASH DE MARLASKA

El conflicto, a medida que pasan los días, se vuelven más enconado. Fueron más de 7.000 los funcionarios de prisiones que se manifestaron recientemente en Madrid en una larga marcha que acabó en la sede del ministerio de Fernando Grande-Marlaska convocados por los sindicatos ACAIP, CSIF, UGT y CCCO en demanda de sus reivindicaciones, no sólo salariales. También quieren que se les reconozca como agentes de la autoridad (al igual que Policía y Guardia Civil), o que se cubran los puestos vacantes (más de 3.400).

La respuesta, después de casi un año de disputa, fue que no hay partida presupuestaria. Es decir, que en la caja no hay los 123 millones de euros que se deberían repartir entre los años 2019 y 2021. “Dicen que no hay dinero pero, por ejemplo, se han transferido seis millones de euros de la secretaría general de prisiones a la Guardia Civil”, señalan desde ACAIP.

Los sindicatos de prisiones denuncian que son décadas las que los diferentes Gobiernos llevan dando de lado al colectivo. Por ejemplo, un funcionario de prisiones puede cobrar alrededor de 700 euros menos que otro compañero, y dentro de la misma categoría, aunque sólo les separe una distancia de ochenta kilómetros. Ello se debe a la clasificación de los centros, que engloba nueve categorías diferentes.

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Debido a ese inmovilismo, los funcionarios de prisiones hacen hincapié en su pérdida de poder adquisitivo, así como el hecho de que la plantilla envejece a marchas forzadas (la edad media supera los 53 años). Las ofertas de empleo viven en el baúl de los recuerdos.

ACAIP hace denunciado asimismo que, en algunos centros, los directivos están promoviendo una modificación unilateral de los horarios de los funcionarios en prácticas “de tal forma que no se respetan ni los grupos asignados ni las cadencias en los tiempos de descanso”. Por ello, en Foncalent (Alicante), en el momento del escrito dirigido al secretario general de Instituciones Penitenciarias, llevaban cuatro días seguidos trabajando mañana y tarde.