Nada ha ocurrido como se preveía. Es cierto que casi todo el mundo -un servidor incluido- se puso en lo peor en las horas siguientes a que el Parlament declarara la independencia de Cataluña y el Gobierno aprobara la aplicación del 155. Pero nadie en el Gobierno, ni siquiera la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, conocía que Mariano Rajoy se guardaba un as en la manga del que informó primero al Gobierno en la reunión extraordinaria de ese viernes: elecciones el 21-D.
Rajoy, haciendo uso de la facultad que le otorgaba el decreto aprobado por el Ejecutivo disolvía el Parlament y convocaba elecciones. Es decir, apostaba por una aplicación –blanda’ del artículo 155 que, sin embargo, dejaba sin discurso al independentismo que, a partir de ahí, se vio obligado a aceptar las reglas del juego. El soufflé pinchaba, y la huida de Puigdemont a Bruselas terminaba de rematarlo. Rajoy había ganado prácticamente sin hacer nada.
De ahí que el mismo lunes los teléfonos de Ajuria Enea y de la sede del PNV en Bilbao comenzaran a sonar de nuevo. Cristóbal Montoro, a las órdenes de Soraya Sáenz de Santamaría, volvía a retomar el diálogo roto en las últimas semanas. Además, en el Gobierno se conocía el malestar de Urkullu con Puigdemont y la manera en que le engañó el jueves cuando el lehendakari hizo un último intento por arreglar las cosas.
Así las mesas de negociación volverán a reunirse. El Gobierno puede esperar a enero para volver a negociar los presupuestos y presentarlos en los primeros meses del año, con los apoyos que tenía anteriormente, es decir, Ciudadanos, los canarios y el PNV. Por su parte, el PNV vuelve a hacer lo que mejor sabe hacer: obtener réditos a su apoyo. Son 37 las medidas y transferencias de competencias –entre ellas puertos y aeropuertos, y prisiones- a negociar.
Y el Gobierno esta dispuesto a concedérselo todo al PNV a cambio regarantizarse la legislatura, es decir, que haya también presupuestos en 2019. Es más, probablemente veamos como el Ejecutivo acaba cediendo también al acercamiento de presos de ETA a las cárceles del País Vasco, bajo la excusa de que una vez desaparecida la banda terrorista, también en eso hay que cumplir la Constitución. Claro que en este país todo es susceptible de cambiar en pocos días.
