El sector inmobiliario lastra a la administración pública.
Imagen del abandono que sufre el frontón Beti Jai, en Madrid.

Las grandes ciudades como Madrid y Barcelona son incapaces de generar viviendas de protección oficial. Los ciudadanos demandan viviendas sociales y para más inri los consistorios no paran de acumular edificios municipales sin utilizar. El lastre lo pueden pagar muy caro en los próximos comicios del año 2019.

La guerra del ladrillo será un árbitro muy importante a la hora de elegir a los próximos alcaldes y alcaldesas de las ciudades españolas. El parque de viviendas ha envejecido y las casas construidas durante el ‘boom’ ya han cumplido la mayoría de edad. Esta situación se agrava con el escaso suelo para levantar nuevos edificios, la paralización de grandes proyectos urbanísticos y con la incapacidad para generar VPO (viviendas de protección ofical) de ayuntamientos como el de Madrid y Barcelona.

En la capital y en la Ciudad Condal las promesas se han quedado en papel mojado y lo cierto es que obras, sólo se observan en los pavimentos. Viviendas pocas, muy pocas. Manuela Carmena y Ada Colau, primeras ediles de Madrid y Barcelona respectivamente, anunciaron 4.200 pisos para alquiler social en Madrid y 4.000 en Barcelona respectivamente, planes que a día de hoy están muy lejos de ser cumplidos.

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De todos modos, Madrid y Barcelona son sólo el mejor escaparate de la situación real que vive la sociedad con respecto a este tipo de viviendas. Un ejemplo son el número de VPO que se construyeron en el año 2017. Durante este curso sólo recibieron calificación definitiva 5.375 viviendas de protección oficial que quedaron así listas para su adjudicación, según datos del Ministerio de Fomento. Esta cifra está muy por debajo de los más de 68.000 pisos que se licitaron bajo este régimen en 2008, antes de estallar la crisis. De ellas, 2.956 fueron financiadas por el Estado y el resto, 2.419, por las comunidades autónomas.

En la actualidad, España se sitúa en la cola de Europa en este sentido. ¿Cómo puede ser que un país que ha vivido durante mucho tiempo del ladrillo y del turismo no tenga este tipo de viviendas? La respuesta que muchos expertos espetan tiene que ver con la excesiva burocracia para construir y los inflexibles requisitos para hacerlo.

La realidad es que las promotoras no han encontrado un aliado en los ayuntamientos del cambio y han preferido arriesgar con la construcción de vivienda libre -más rentable-, en vez de la VPO -que siempre revierte una inversión más segura-. Los procesos son arduos y farragosos. Invertir en viviendas de protección oficial no resulta nada atractivo.

A toda esta situación se suman otros factores como los pisos vacíos de la banca y la compra de pisos sociales por fondos buitres. Un ejemplo fue la transacción de casi 2.000 casas a Blackstone, durante el gobierno de Ana Botella. Conclusión. No se construye VPO, no existe oferta y la que hay es comprada por fondos que pretenden especular con ella.

De todos modos, este no es el único problema que la administración pública mantiene con el sector inmobiliario. Otro de los contratiempos que lastran a los ayuntamientos, y que también aumentan el enfado de los ciudadanos, es el elevado número de inmuebles municipales vacíos.

Sólo en Madrid existen cerca de 44 edificaciones sin ningún tipo de uso. Una ciudad con más de tres millones de habitantes no se puede permitir un ‘lujo’ como este con las múltiples necesidades que reclaman los madrileños -entre ellos, una vivienda-.

Los pabellones de la casa de campo, la casa de baños del distrito de Puente de Vallecas, el colegio Henry Dunant de Las Águilas en la Latina… Así hasta rebasar la cuarenta de edificios municipales abandonados que en muchas ocasiones se convierten en nichos del movimiento ‘okupa’.

Estas consecuencias las vivió en sus propias carnes el consistorio de Zaragoza cuando hace menos de un años descubrió que cinco propiedades municipales sin utilizar habían sido ‘okupadas’. En este Ayuntamiento censan en casi medio centenar de inmuebles sin aprovechar.

EL LADRILLO, PENDIENTE DE LAS URNAS

En Barcelona, una ciudad muy activa en lo relacionado con el derecho a una vivienda, algunos vecinos decidieron alzar la voz. Un pequeño grupo anónimos de Ciutat Vella censaron algo más de una treintena de inmuebles vacíos en los barrios del Raval y el Gòtic. Las quejas se centraron en pese a los problemas de vivienda que vive la ciudad, y en especial el centro,se “desaprovechaban cientos de pisos sin uso, que podrían destinarse a jóvenes o mayores con problemas de acceso a la vivienda, para que no se tengan que ir del barrio”, según recogía un testimonio en ‘El Periódico’. En este sentido, otro diario de tirada nacional cifraba en 40.000 los metros cuadrados vacíos del gobierno de Ada Colau hace tan sólo dos años.

Al final, todos los ayuntamientos de España suman un gran número de propiedades sin utilizar, mientras los ciudadanos reclaman un mayor parque de viviendas. El problema del ladrillo sube posiciones en la preocupación de los españoles y la vuelta de la esquina asoman unas elecciones municipales. ¿Será demasiado lastre el sector inmobiliario para los actuales gobiernos locales? Las urnas dictarán sentencia. 

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