El ministro de Energía, Álvaro Nadal, sigue su cruzada para controlar el cierre de las centrales eléctricas en España. Bajo el mantra de que puede haber un problema de competencia; o, incluso, un aumento de los precios en la factura de la luz, desde el Gobierno quieren vigilar las acciones que puedan llevar compañías como Iberdrola o Endesa en este sentido.
De este modo, el Ministerio de Energía ha dado un paso más, y el responsable de la cartera ha anunciado que el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presentará en los próximos días una proposición de ley para regular el procedimiento de cierre de las centrales de generación eléctrica.
Para que no denote una actitud unilateral por parte del Ejecutivo, desde el Ministerio advierten de que la iniciativa incorporará las observaciones más relevantes que hizo la Comisión Nacional de los Mercado y la Competencia (CNMC), en su informe del 24 de enero, al proyecto de Real Decreto que propuso el Ministerio. Un informe, por cierto, que era bastante duro con estas medidas legislativas del Gobierno.
Esta propuesta, según explican desde Moncloa, busca dar rango de ley a la norma, tal y como planteó la CNMC. De esta forma, según el ministro, los grupos parlamentarios tendrán que decidir si quieren que el cierre de cualquier tipo de central eléctrica (térmica, nuclear, ciclos combinados, etc.) sea una mera decisión empresarial o que esta sea compatible con los objetivos de la política energética que se consensuen.
Iberdrola, Endesa y las demás bajo sospecha
Con este argumento, el ministro quiere poner el foco en la forma de cerrar las centrales eléctricas y qué objetivos buscan. Así, fue a finales del año pasado cuando se desató toda la polémica, puesto que Iberdrola anunció el cierre de algunas de sus centrales. Acto seguido fue cuando el Ejecutivo decidió legislar en este sentido.
Sobre los motivos para desarrollar esta norma, Nadal ha incidido en que el cierre de las centrales tiene que ser ordenado y debe garantizar la competencia. Para ello, la propuesta planteará el aumento de los supuestos por los cuales una petición de cierre puede ser denegada.
Actualmente, según esgrime Energía, la Ley del Sector Eléctrico solo contempla la seguridad de suministro, y ahora se propondrán dos supuestos adicionales a esa norma: el impacto en precios o competencia del mercado y el cumplimiento de los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero.
