Hacienda registró una recaudación récord de 15.700 millones en la lucha contra el fraude

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado este jueves que la Agencia Tributaria registró una recaudación récord de 15.700 millones de euros en lucha contra el fraude fiscal en 2019, lo que supone un 4,1% más respecto al ejercicio anterior.

Así lo ha adelantado durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda para detallar las líneas generales de su departamento, en la que ha avanzado que todo apunta a que el año pasado se volvió a registrar un nuevo récord de recaudación en lucha contra el fraude, al recuperarse más de 15.700 millones de euros, un 4,1% más.

Montero ha indicado que se va a seguir mejorando el cumplimiento de las obligaciones tributarias, ya que «algunos contribuyentes no declaran por desconocimiento o porque no tienen los datos».

Por ello, ha explicado que se ampliará el borrador del IVA, con información de carácter censal; así como el envío de datos fiscales en el Impuesto de Sociedades, similar al del IRPF, que se prevé efectuar ya en la Campaña de la Renta de 2019 para desarrollarlo en julio de este año.

También se crearán administraciones de asistencia digital integral para facilitar la atención y dar un «salto cualitativo» en la asistencia a los contribuyentes, con oficinas cuyo horario será «mucho más amplio y sin necesidad de desplazamientos». La prueba piloto se pondrá en marcha en otoño en Valencia enfocada al IVA y a la asistencia social, para más adelante ampliarse a otros impuestos.

LEY DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE

La ministra también ha indicado que se está trabajando para que vea la luz el proyecto de ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, cuyo anteproyecto fue aprobado ya la pasada legislatura pero decayó por la convocatoria de elecciones, y que recogía un amplio abanico de medidas.

Entre otras, incluirá la limitación de los pagos en efectivo a 1.000 euros entre profesionales, el reforzamiento de la lista de morosos con los responsables solidarios y la aparición de los deudores a partir de 600.000 euros (ahora es un millón), la prohibición de amnistías fiscales y la adopción de medidas internacionales de lucha contra el fraude.