El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha aprobado un Real Decreto Ley que regulará la actividad de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) y establece una moratoria de cuatro años para que Comunidades Autónomas y plataformas como Cabify y Uber se adapten a la norma y puedan recurrir en caso de “perjuicio”. Eso sí, desde Fomento han blindado la normativa para evitar el pago de indemnizaciones.
“¿Sabe lo que cuesta una autorización? Cuesta 39 euros. ¿Puede alguien pedir miles de indemnización?”. Así ha respondido el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ante la posibilidad de que la moratoria en el Real Decreto respondiese a un intento por ahorrar costes de indemnización.
Si esta legislación entrar en vigor inmediatamente el Estado tendría que asumir el coste de indemnizar a quienes ya se les habían concedido las licencias en base a las legislaciones vigentes anteriores. Por ello, la moratoria ayuda al Gobierno a evitar indemnizaciones.
“No tienen carácter indemnizable. No le quitamos las autorizaciones. En todo caso los portadores de ellas verán modificadas sus condiciones de explotación, como ha ocurrido con el taxi”, ha explicado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de ministros. Ábalos reconoce que todos los actores -taxistas y plataformas VTC- se van a quejar; por ello, “todo el decreto está bien apoyado por la abogacía del estado para blindarlo jurídicamente”.
Esta moratoria, según el ministro, pretende que las VTC tengan tiempo para ajustar la regulación autónoma sin perder su autorización estatal (transporte interurbano). “Tendrán una regulación similar a la del taxi”.
En la práctica, el conflicto seguirá abierto durante cuatro años ya que vehículos VTC y taxis seguirán conviviendo como hasta ahora hasta que sean las propias Comunidades Autónomas las que legislen a ambos por igual.
Por otro lado, Ábalos reconoce que no se han sentido ni presionados ni coaccionados por el sector del taxi tras las huelgas en Madrid y Barcelona del mes de junio. Asimismo, y con las 20.000 licencias que están en juego, asegura que “la pérdida de empleo no tiene por qué darse”.
LA NORMATIVA VTC
Este decreto prohíbe a los vehículos con licencia de VTC prestar servicios urbanos (dentro de la ciudad) si no tiene una licencia propia de esa ciudad que será gestionada a través de las CCAA y los ayuntamientos.
El Estado facultará a las comunidades autónomas para que regulen la actividad de VTC en sus respectivos territorios, con la intención de respetar el ratio 1/30 (una licencia de VTC por cada 30 taxis), que en algunas ciudades es de 1/3, como en Barcelona y en Madrid. “Es normal que en Extremadura la regulación no sea igual que en Cataluña porque las circunstancias no son las mismas”, reconoce el titular de la cartera de Fomento.
Finalmente, el Consejo de Ministros insta a la Conferencia Nacional de Transportes a crear un Grupo de Trabajo compuesto de Estado, CCAA, Ayuntamientos, Sector del Taxi y VTC para tratar de solucionar los problemas derivados de esta normativa y suavizar las tensiones entre las partes afectadas.
Precisamente, este jueves las plataformas VTC se manifestaron en Madrid en contra de la aprobación de este decreto. Además, Cabify y Uber ofrecieron justo un día antes servicios gratuitos para que los ciudadanos pudieran conocer su trabajo.
