La cartera de Turismo, dentro del Ministerio de Industria y Comercio, es la que menos soluciones a corto plazo está ofreciendo desde que Pedro Sánchez tomara las riendas del Gobierno. Ante el conflicto que suponen las diversas regulaciones locales y regionales de los pisos turísticos, el Gobierno da un primer paso, pero sin concretar propuestas ni fechas para atajar el problema.
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha anunciado el impulso de soluciones coordinadas para las viviendas de uso turístico durante la Conferencia Sectorial de Turismo, el instrumento de coordinación con las Comunidades Autónomas, que no se celebraba desde mayo de 2015.
Un primer paso importante si no fuera porque no se ha concretado ninguna de las medidas que tanto administraciones como plataformas o empresas hoteleras vienen reclamando desde hace años. La ministra cree necesario llevar a cabo un profundo análisis del fenómeno del alquiler turístico y de la problemática que genera en algunos destinos.
También estudiarán todas las normas que pueden tener influencia sobre este fenómeno, como la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y la Ley de Propiedad Horizontal, con el objetivo de considerar posibles cambios normativos que faciliten el trabajo de control sobre estas viviendas y el ejercicio de las competencias regionales y locales.
Competencias que en el caso de Palma de Malorca se han traducido en la prohibición de los pisos turísticos, medida que Madrid podría incluso imitar. Maroto ha informado de la intención del Gobierno de que la LAU clarifique la definición de la vivienda de uso turístico y adecuar la Ley de Protección Horizontal a las necesidades actuales.
La única fecha sobre la mesa es el mes de septiembre. Cuando se debatirá la información obtenida por un grupo de trabajo de viviendas turísticas, en el que estarán invitados todos los agentes implicados en el tema, con el objetivo de llegar a acuerdos. Hasta entonces no se sabrá qué propuestas lanzará el Gobierno.
