El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto en materia de transporte y movilidad por importe de 663 millones de euros, así como una ampliación de la capacidad de endeudamiento de Renfe hasta los 1.000 millones de euros para compensar la caída de demanda, además de destinar 110 millones a la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (Seittsa).
Así lo ha anunciado el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha explicado que el real decreto se articula en torno a tres ejes dirigidos a proteger la salud de los trabajadores y los viajeros, garantizando la disponibilidad de bienes y servicios esenciales, proporcionar liquidez a las empresas del sector y reducir las cargas administrativas simplificando trámites y procedimientos.
A esto se suma la ampliación de la capacidad de endeudamiento máxima de Renfe hasta los 1.000 millones de euros para compensar la caída de ingresos y el mantenimiento de una parte sustancial de los servicios, tanto de obligaciones de servicio público como comerciales, lo que permitirá a la compañía retomar la ampliación de servicios en función de la demanda. «Con esta línea de ayuda vamos a poder hacerlo más extensivo», ha apostillado.
Además, ha indicado que se aprueba un crédito extraordinario para Seittsa de 110 millones de euros para no interrumpir determinadas obras.
Esta sociedad estatal, como medio propio de la Administración, gestiona una serie de obras ferroviarias y de carreteras, y ante la prórroga de los Presupuestos de 2018 era «más que necesario» la culminación de las mismas, ha apuntado el ministro. Este crédito es distinto de la gestión de las autopistas radiales.
TRANSPORTE POR CARRETERA
En cuanto al transporte por carretera, se regulan los aplazamientos de los pagos del principal de las cuotas de contratos de préstamos, leasing y renting para la adquisición de autobuses y camiones para autónomos y empresas de transporte discrecional de viajeros, un sector «muy castigado» con la crisis.
La medida se destina a ese sector de servicios discrecional de viajeros y al transporte de mercancías cuando hayan experimentado una reducción de ingresos o facturación inferior al 40% e implica un coste de 250 millones de euros para el primer caso y de 330 millones para el segundo.
En cuanto al sector de servicios públicos, el decreto plantea un procedimiento de reequilibrio con una línea de 14 millones para compensar la reducción de ingresos y el coste añadido de carácter sanitario, como desinfección de vehículos y la adaptación de los mismos. También se plantea en el ámbito concesional a la obra pública y autopistas, si bien todo sometido a lo relacionado con las pérdidas.
PRÓRROGAS EN LAS ITV
Por último, en el ámbito administrativo se validan los visados caducados por un año más hasta la plena normalización en 2023 para evitar el colapso en la gestión administrativa. También se abre la posibilidad de que en los visados con problemas en tramitación se vuelva al principio para ser tramitados «convenientemente», y se recoge el alargamiento de la vida de ambulancias que tienen un periodo válido para ejercer.
Lo mismo se contempla para las inspecciones técnicas de vehículos, con una prórroga de tres meses en la ITV cuyo vencimiento se haya producido entre el 21 de junio y el 31 de agosto.
