Al Gobierno de Mariano Rajoy no le ha cogido por sorpresa el cese –se asegura que no es una dimisión- de Albert Batllé al frente de los Mossos d’Esquadra en Cataluña. Después de la profunda remodelación del Govern que hizo Puigdemont para rodearse de fieles al referendum del 1 de octubre, “sabíamos que el cese de Batlle era el siguiente paso”, dicen fuentes del Ejecutivo, “ya que el director de los Mossos se había declarado respetuoso con la legalidad, lo que hacía imposible que desobedeciera las órdenes de los tribunales para garantizar la celebración de un referendum ilegal”.
De hecho, el Gobierno confiaba en la actitud de Batllé para no tener que recurrir a ninguna medida excepcional, puesto que bastaría una sentencia del Tribunal Constitucional declarando ilegal la convocatoria del referendum y reclamando a las fuerzas de orden público el cumplimiento de dicha sentencia –ahora el Constitucional puede dictar órdenes desde la reforma de 2015, cosa que antes no podía hacer-, para que los Mossos bajo mando de Batllé obedecieran e impidieran la consulta.
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Pero tras el cese del ya ex director de la principal fuerza de orden público catalana, el Gobierno se ve ya en la tesitura de tener que recurrir al ‘plan B’, es decir –como ya adelantamos también en Merca2-, a aplicar la Ley de Seguridad Nacional aprobada también en 2015, y que faculta al Gobierno a asumir la competencia de los Mossos vía real decreto, sin necesidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución.
El Gobierno ya tenía previsto esta eventualidad, pero confiaba en no tener que llegar a utilizar esa vía, consciente de que en cualquier caso podría generar un conflicto de competencias. Ahora, seguramente, no le va a quedar más remedio, “y sabemos –dicen estas fuentes- que los Mossos van a respetar la orden de su mando superior, que en este caso será el Ministerio del Interior, pero aún así se van a ver sometidos a tensiones muy fuertes, y no sabemos como puede acabar eso”, aseguran.
Y es que el Gobierno teme que pueda, incluso, haber conflictos entre los propios agentes del cuerpo, lo que podría conducir a una situación “muy desagradable”. Sin duda, el grado de fractura social que están provocando Puigdemont y su gobierno con el apoyo de la CUP es extraordinariamente grave, y de consecuencias imprevisibles.
