El viaje a Berlín que reabre la ‘embajada’ catalana

La delegación de Cataluña en Alemania se reabrirá el próximo 20 de septiembre en el número 185 de la Friedrichstraße de Berlín, la misma ubicación en la que se encontraba la ‘embajada’ catalana hasta que el Gobierno de Mariano Rajoy procedió a su cierre a principios de año en aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Ya se han cursado invitaciones para este acto, a las que ha tenido acceso MERCA2, y en ellas se anuncia la presencia del conseller catalán de Acción Exterior, Ernest Maragall. En la versión en catalán se guardan las formas protocolarias, pero en el texto en alemán se presenta a “Herr (señor) Ernest Maragall” como “ministro de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia del Gobierno de Cataluña”.

Tras ese rimbombante cargo, que incumple la sentencia del TC en la que se declaró inconstitucional el uso de esa denominación, se explica a los invitados que en la inauguración habrá “especialidades y vinos catalanes” que proporcionarán “el escenario perfecto para enriquecer la conversación”.

embajada
Invitación a la reapertura de la delegación catalana en Berlín el próximo 20 de septiembre.

Esta ‘embajada’, situada en la milla de oro berlinesa, fue la primera en el extranjero que abrió Cataluña, en 2008, de la mano de Josep Lluis Carod Rovira. Situada en un lujoso edificio, a cinco minutos a pie de la Puerta de Brandemburgo, comparte instalaciones con el Instituto Ramon Llull y desde allí se coordinaban también otras dos oficinas abiertas en Fránkfort y Múnich.

La presencia de Maragall en Berlín es todo un desafío para el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, quien a finales de agosto interpuso un recurso contencioso-administrativo contra el decreto de la Generalitat catalana, del 26 de junio, de reabrir seis ‘embajadas’ en el extranjero –Reino Unido, EEUU, Italia, Suiza, Francia y la citada Alemania-.

El Gobierno socialista consideró que la reapertura se había llevado a cabo contraviniendo el artículo 12 de la ley de Acción y del Servicio Exterior del Estado, que establece desde 2014 que antes de la creación de sus delegaciones en el exterior para el ejercicio de sus competencias, las Comunidades Autónomas deben comunicárselo con carácter previo al Ejecutivo central.

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Esa disposición impuesta a las CC.AA pretende que los ministerios de Exteriores, Hacienda y Política Territorial puedan elaborar informes sobre la conveniencia de abrir una delegación en el extranjero, aunque sus conclusiones no sean de obligado cumplimiento para la región concernida.

En el caso de las seis ‘embajadas’ catalanas reabiertas a finales de junio, la Generalitat que dirige Quim Torra comunicó a Exteriores la creación de todas ellas con sólo 24 horas de antelación a la aprobación del decreto, lo que hacía imposible emitir dichos informes.

«Queda claro su voluntad de no cumplir y de hacer caso omiso a las reiteradas advertencias que se le han hecho al respecto”

El Govern argumentó que no se trataba de nuevas delegaciones, sino de reabrir las existentes, pero tampoco informó en su día al Gobierno de Rajoy cuando las creó, por lo que el anterior Ejecutivo había presentado también recursos contencioso-administrativos. Estos fueron archivados cuando se produjo el cierre de las delegaciones catalanas por el 155.

LA REUNIÓN ENTRE BORRELL Y MARAGALL

En julio se produjo la reunión en Madrid entre Borrell y Maragall para intentar calmar las aguas tras la cita de Sánchez y Torra en la Moncloa. Pero a los pocos días, Exteriores se enteró de que la Generalitat había restituido a los delegados en Reino Unido, Alemania, Italia y Suiza y que en agosto había convocado los concursos para nombrar a los directores de las delegaciones en Francia y Estados Unidos.

Según una nota del departamento de Borrell, con estos pasos dados por el Govern, “queda claro su voluntad de no cumplir” con lo establecido en la mencionada ley estatal de Acción Exterior y “de hacer caso omiso a las reiteradas advertencias que se le han hecho al respecto”. Tras ello, Exteriores reactivó la vía judicial contra Cataluña con el recurso contencioso-administrativo.