Máxima tensión en el sector energético en Cataluña. La última decisión del ejecutivo catalán de dejar aprobados los presupuestos para el 2020, que incluyen un nuevo «impuestazo» (como lo llaman) a la energía eléctrica, para después convocar elecciones ha puesto de los nervios a las altas instancias de las firmas allí presentes. De hecho, las grandes eléctricas barajan la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional para impugnar dicho tributo, según relatan fuentes financieras. Además, existe un convencimiento pleno de que en el caso de recurrir a la justicia española se obtendrá una victoria (como ya ha ocurrido en otras ocasiones) por su carácter de doble imposición, aunque se planea una larga batalla.
Entre las muchas medidas que trae aparejadas, son las relacionadas con el sector eléctrico las que más tensión están generando. En concreto, uno de los principales reclamos recaudatorios es el del cobro de 5 euros por cada MWh generado de electricidad eléctrica que no provenga de fuentes renovables (biomasa, eólica y solar). En total, el coste que deberán asumir las grandes energéticas del país rondaría los 160 millones de euros, según las estimaciones realizadas por JPMorgan. Endesa es la principal perjudicada por la nueva normativa con una factura cercana a los 120 millones de euros, dado que sus centrales hidroeléctricas en la región también tendrían que abonar la tasa. Una decisión que no entienden desde el sector. Por su parte, el coste para Iberdrola ascendería a 20 millones, mientras que Naturgy deberiá pagar unos 15 millones.
Una vez los Presupuestos estén aprobados, que todavía está por ver, el choque parece inevitable. «Esperamos que las compañías impugnen el impuesto en los tribunales», señalan los analistas de distintas firmas de inversión. La razón es sencilla: «En nuestra opinión, es un claro ejemplo de doble imposición», resumen de forma clara y concisa desde JPMorgan. Una posición respaldada por gran parte del sector, aseguran fuentes del mismo. Por su parte, la eléctricas, con las que se ha puesto en contacto Merca2, tienen la cautela como discurso oficial y explican antes de actuar primero se tienen que aprobar, que no parece fácil, y después comprobar en qué medidas se materializa finalmente para actuar. Otro punto escabroso.
LAS ELÉCTRICAS ABOGAN POR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA MEDIDA
La estrategia de las eléctricas será la de hacer ver que el impuestazo catalán no se diferencia de la tasa a la generación, del 7%, que se aplica a nivel estatal y que creó el Gobierno de Mariano Rajoy allá por 2012, explican fuentes del sector. De hecho, ambas nacen con el objetivo de contribuir, con lo que se recauda, a la sostenibilidad ambiental y paliar así el impacto ecológico que la producción eléctrica tiene en nuestro entorno. Una circunstancia que prohíbe expresamente el artículo 6.2, el de establecimiento de impuestos propios por parte de las comunidades autónomas, de la LOFCA.
La clave para la defensa de la Generalitat, según fuentes cercanas, es que han apostado por copiar una ley similar que ya existe en Extremadura y que, en principio, ha coexistido junto con el impuesto estatal y que ha recibido el respaldo del Constitucional. Aunque no es así del todo, puesto que dicho apoyo solo se circunscribe al 2013, apuntan desde el sector. La razón es que en dicho año todavía no se habían materializado todas las tasas que impondría el Gobierno de Rajoy, aclaran fuentes del sector.
La historia, pues, podría parecerse a la última contienda entre Generalitat y eléctricas. Una confrontación que se cerró el pasado mes de marzo de 2019, cuando el Tribunal Constitucional tumbó el impuesto sobre el riesgo medioambiental de elementos radiotóxicos por su semejanza con el tributo estatal creado por la Ley 15/2012 sobre la producción del combustible nuclear. El resultado final fue que la tasa ‘inventada’ por el ejecutivo catalán era inconstitucional y la declaró nula, lo que ha obligado a la Comunidad Autónoma a devolver el dinero cobrado.
EN CONTRA DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA
Otro de los puntos escabrosos respecto de las intenciones de la Generalitat es como se va a materializar el impuesto. En concreto, sobre las figuras impositivas que se van a gravar. En principio, desde el sector no se entiende que se quiera hacer tributar a las centrales hidroeléctricas, puesto que la ley buscaría dar preponderancia a la lucha contra el cambio climático. Aunque, se sospecha que su inclusión busca dotar a la ley de un mayor poder recaudatorio. También quedará por determinar si se aplica solo sobre producción, entraría en conflicto con el estatal, o se aplica también a consumo, lo que generaría dos problemas.
En primer lugar, si se extiende (también a distribución) las eléctricas tendrían en su poder la capacidad de traspasar el impuesto a los clientes encareciendo el precio de la luz para los catalanes. En segundo lugar, se penalizaría el uso de la energía eléctrica que es una de las claves para la transición energética, puesto que también iría en contra, por ejemplo, del uso de automóviles no contaminantes en favor de los que utilizan tecnologías fósiles. «El principal mal del ‘impuestazo’ catalán es que va en contra de la transición energética y, por extensión, del planeta», concluyen fuentes del sector.
