El trílogo europeo (Parlamento, Consejo y Comisión) ultiman una nueva directiva audiovisual para equiparar los derechos y obligaciones de las OTT (Netflix y derivados) respecto a los operadores tradicionales. En estos momentos se ultima el borrador, que está previsto que desemboque en directiva europea en septiembre. Se supone que hay acuerdo entre los tres focos de poder sobre la nueva directiva de Servicios Audiovisuales, sobre el que solo quedan por cerrar algunos apéndices técnicos. Saltada esta farragosa propina, llegará en otoño al Europarlamento.

Las seis claves de esta directiva son:

– Se establece que se debe respetar la integridad de la señal del operador de televisión sin que se le superpongan anuncios.

– Se equipara la regulación de los operadores tradicionales a los gigantes americanos: Netflix, Youtube o Facebook

– Se flexibiliza la limitación publicitaria de 12 minutos por hora natural.

– Se imponen obligaciones de protección al menor a las plataformas digitales.

– Se restringe la publicidad en redes sociales y plataformas.

– Se obliga a Netflix y compañía a que inviertan en países como España aunque su domicilio no esté radicado en nuestro país.

Sobre este último punto nos vamos a detener.

INVERSIONES EN FICCIÓN

Una de las primeras medidas legislativas del Gobierno en materia audiovisual fue obligar a los operadores de televisión a invertir en cine español. La Ley, modificada en 2010, contempla que las televisiones privadas inviertan el 5% de sus ingresos en cine y series (que pueden ser coproducciones europeas) y a las públicas el 6%. Según un Informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en 2016 Atresmedia lideró la inversión en ficción con más de 100 millones de euros. 78 de los cuales fueron a parar en series como ‘La casa de papel’, que tantas alegrías internacionales está proporcionando al grupo. 

Le siguió Mediaset, que invirtió en ficción 47 millones de euros, 32 de los cuales se gastaron en las series de la casa. RTVE ocupó el bronce con 41 millones de euros (24 de ellos en series) y le siguió Telefónica con 41 millones, 24 en series (cifra que se ha disparado hasta los 70 tras la creación del sello Originales Movistar), y grupos americanos como AMC o FOX, que invirtieron poco en España pero sí en Europa.

NETFLIX TENDRÁ QUE INVERTIR

Hasta ahora Netflix había sorteado la legislación española o francesa radicando su sede fiscal en Luxemburgo o en Holanda. Sin embargo ahora lo tendrá más difícil, ya que la clase política se está atreviendo al fin a regular un nuevo modelo económico, las mal llamadas “puertas al campo”, que acaban con una doble vara de medir beneficiosa hasta ahora para las nuevas majors. 

Netflix y compañía también podrían toparse con la Proposición No de Ley que presentó Ciudadanos, partido que instó al Gobierno a “abandonar su pasividad ante la desviación de beneficios de las grandes multinacionales tecnológicas“, exigiendo Rivera y compañía que las compañías americanas “paguen en España por sus beneficios y actividades en nuestro país”.

CAMBIO DE DISCURSO

El partido naranja invocó a que se introduzca “un tributo de compensación al Impuesto sobre Sociedades, aplicable sobre el volumen de negocios de las multinacionales tecnológicas con empresas o consumidores españoles”, proponiendo “una retención final sobre determinados pagos a proveedores no residentes por concepto de servicios online” o “un impuesto sobre los ingresos de publicidad o servicios prestados por compañías digitales”. Según Ciudadanos, España deja de ingresar 160 millones de euros anuales que quizás sirvan como parche a las prestaciones por jubilación.

Finalmente el PP ha aceptado el envite pese a que en su día explicaron en el Congreso que “nadie puede escapar que el Impuesto de Sociedades es una de las armas principales que manejan los Estados miembros de la Unión Europea para competir unos con los otros. La mayoría de los socios han ido reduciendo la tasa impositiva durante los últimos años en aras de atraer la inversión extranjera. La ofensiva con los gigantes de internet está instalada en la Unión Europea, de modo que hay que esperar a los resultados del trabajo que están haciendo los organismos internacionales”.

Pero por aquel entonces los oídos de Moncloa no habían pitado al escuchar las protestas de los jubilados bilbaínos y desde el Gobierno se ironizaba con la proposición intervencionista de una formación presuntamente liberal.

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