Michael R. Strain para Bloomberg
Las ciencias económicas pueden identificar las compensaciones políticas al enumerar costos y beneficios. Y la decisión del presidente Donald Trump de discontinuar el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) acarreará costos económicos, si el Congreso no actúa. Los Estados Unidos pierden miles de trabajadores, el valor que generan y los impuestos que pagan.
¿Cuáles son los beneficios económicos de deportar a 690.000 personas cuyas familias los llevaron ilegalmente a los Estados Unidos cuando eran niños? No hay siquiera uno.
Jeff Sessions, Fiscal General de los Estados Unidos, cree lo contrario. En su declaración respecto al DACA, observó que el programa “negó puestos de trabajo a miles de estadounidenses al permitir que se lo quedaran extranjeros ilegales”. Este razonamiento se ganaría una calificación reprobada en una carrera universitaria de economía.
La economía de los Estados Unidos no tiene un número fijo de empleos. Cientos de miles de receptores del DACA -jóvenes que son llamados Soñadores- tienen trabajo. También compran comida y ropa, pagan por una vivienda y consumen entretenimiento. Sus gastos son el ingreso de un tercero y apoyan el empleo en sus comunidades. Su trabajo, en definitiva, hace que la economía sea más grande.
Además, las personas cubiertas por el programa no son los inmigrantes menos calificados y de bajos salarios que quiten empleos a los norteamericanos natos. Según Ike Brannon y Logan Albright en un estudio publicado en enero por Cato Institute, los soñadores se parecen a los titulares de las visas H-1B, es decir, trabajadores nacidos en el extranjero y empleados en ocupaciones que requieren altos niveles de habilidad. El receptor promedio del DACA gana 17 dólares (14 euros) por hora, más del doble del salario mínimo, según el informe.
En 10 años, la economía estadounidense será más pobre si el programa es derogado
Brannon y Albright observan que los soñadores han agregado cientos de millones de dólares a la economía en la última década, pero también han generado millones en ingresos fiscales. ¿Cómo? Ellos pagan más en impuestos de lo que consumen de los programas gubernamentales, en parte porque no son elegibles para los beneficios federales.
En conjunto, Brannon y Albright estiman que en los próximos 10 años, “la economía de los Estados Unidos será más pobre en más de un cuarto de billón de dólares” si el programa DACA es derogado y sus beneficiarios son deportados.
Por supuesto, esta controversia versa más que sólo en economía. El presidente Barack Obama implementó el DACA a través de una acción ejecutivo constitucionalmente dudosa, pero incluso si la legalidad del programa no está clara, la respuesta de Donald Trump de cerrarlo en cuestión de seis meses no es la adecuada. El Congreso debe actuar.
La senadora republicana por Carolina del Sur, Lindsey Graham y el senador demócrata por Illinois Dich Durbin, presentaron un proyecto de ley este verano que es un buen punto de inicio y debería recibir más atención de la que detenta. El plan permitiría a ciertos jóvenes inmigrantes llevados como niños la oportunidad de obtener la residencia permanente e iniciar un camino a la ciudadanía. Graham cree que Trump está en lo correcto al terminar el programa, pero “nos da sólo seis meses para solucionar el problema”.
La administración de Trump y los más renuentes respecto a la inmigración en el Congreso querrán algo a cambio de aprobar el proyecto que otorga el estatus legal a los Soñadores. El acuerdo obvio es darles un estatus legal a cambio de una mayor seguridad fronteriza.
El Congreso tiene la oportunidad de ilustrar el carácter de los Estados Unidos
Pero la declaración del mandatario de que “reactivará” DACA si el Congreso no encuentra una solución en seis meses da un poco de apalancamiento. ¿Por qué los demócratas del Congreso darían una seguridad fronteriza más agresiva si Trump puede extender el programa ante la ausencia de un arreglo legislativo?
Este es un problema político para los republicanos, pero el destino de los Soñadores va más allá de toda política.
Los Estados Unidos dieron seguridad a los Soñadores al decirles que ese país era su hogar. Pero los liberó de su ensueño cuando les abren las puertas a un regreso hacia un país que desconocen. Norteamérica no debería quitar esa seguridad, una vez que la ha concedido. Una nación moralmente seria no extiende la mano de bienvenida un día y luego lo empuja a la puerta al siguiente.
El Congreso tiene una oportunidad no sólo para ilustrar el carácter de la nación, sino para añadirle más. Esa oportunidad debe ser tomada.
