Faltan pocos días para que se celebren las elecciones europeas y aunque desde los poderes públicos se insiste en la importancia de cumplir con los mandatos comunitarios lo cierto es que las empresas públicas no predican con el ejemplo. Uno de los casos más paradigmáticos es la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, condenada por la Comisión Europea a devolver 167 millones de euros en ayudas ilegales concedidas por el Estado español entre 2004 y 2010 para financiar teóricamente el Servicio Postal Universal (SPU), una cantidad a la que habría que añadir un millón de euros adicional por exenciones fiscales indebidas.
Esta empresa que tiene el 100% del capital publico y que gestiona la SEPI en estrecha colaboración con el Ministerio de Fomento asegura a MERCA2 que ha devuelto las ayudas exigidas por la Unión Europea (UE) a pesar de que la situación financiera de la compañía se ha ido deteriorando en los últimos años a una velocidad de vértigo, lo que ha afectado notablemente al servicio.
En concreto, las cuentas anuales de 2017 (últimas disponibles) arrojan unos números rojos de 187,8 millones de euros, que casi cuadruplican las pérdidas de 48,5 millones contabilizadas el año anterior.
La incertidumbre política de los últimos meses, que ha provocado que no haya sido posible aprobar unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019, es una de las razones de que Correos carezca de capacidad financiera, aunque las empresas privadas que compiten en desiguales condiciones con la sociedad estatal denuncian que la compañía que preside desde hace casi un año Juan Manuel Serrano reciba cada año millones de euros de dinero público distorsionando el mercado postal.
Según confirman fuentes comunitarias, en el seno de la Unión Europea preocupa la falta de compromiso del Gobierno español para atajar la competencia desleal en el sector de la mensajería y paquetería. Y por ello aunque no se haya hecho público, existe un proceso de vigilancia y fiscalización del método que utilizan el Ministerio de Fomento y la propia Correos para calcular a cuánto debe ascender la cantidad que cada año se consignan en los PGE para la prestación del servicio postal universal, que es el único que puede estar subvencionado.
De hecho, la obligación impuesta por Bruselas a la empresa estatal española de devolver los citados 167 millones se produjo tras constatar las autoridades europeas que existía una connivencia entre el Gobierno y la compañía para inflar las cantidades asignadas por este concepto. Además, consideró probado que desde el Ministerio de Hacienda se había dado el visto bueno a bonificaciones indebidas en el Impuesto de Actividades Económicas y en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
BRUSELAS YA SÓLO SE FÍA DE LA CNMC
Las fuentes consultadas aseguran a MERCA2 que la Comisión Europea ha decidido fiarse solamente del diagnóstico que hace la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) –en lo que a organismos españoles se refiere– sobre las prácticas de Correos, empleando los modelos de cálculo de la institución que dirige José María María Quemada y que confirman que se la competencia desleal que realiza la empresa pública, lejos de haberse reducido, se ha mantenido en los mismos niveles de los últimos años.
En estos momentos una de las bases que toma la UE para calibrar la legalidad de las ayudas públicas a Correos es el reciente informe de la CNMC que revisa los precios de los servicios postales prestados por la sociedad bajo régimen de obligaciones de servicio público. Los requisitos son principalmente cuatro: que los precios sean asequibles, transparentes, no discriminatorios, y que se calculen teniendo en cuenta los costes reales del servicio
En su análisis, la CNMC ha detectado que los precios con descuentos que Correos aplica a grandes clientes (empresas y administraciones públicas) en sus envíos masivos se sitúan muy por debajo de sus costes, en una proporción superior al ahorro que generarían tales clientes.
“Por lo tanto, Correos no cumple con la obligación de orientar los precios a los costes que afronta por prestar estos servicios”, asegura la CNMC en su informe tras recordar que esta política de descuentos a grandes clientes ha sido cuestionada por la propia autoridad de competencia en sucesivas resoluciones desde 2014.
Precisamente esta es una de las cuestiones que más preocupa a Bruselas y la que ha motivado que, según confirman fuentes empresariales del sector postal español, la Comisión haya enviado un requerimiento a Correos para advertirle de que los citados descuentos a grandes clientes son contrarios a la vocación del servicio postal universal y distorsionan el cálculo de las subvenciones.
¿SIGUE CORREOS RECIBIENDO AYUDAS ILEGALES?
“Es muy posible que la UE vuelva a reclamar a Correos la devolución de ayudas ilegales, ya que sigue sin realizarse correctamente el cálculo real de cuánto cuesta el SPU, que es la única razón de que se aporte dinero estatal. En estos momentos existe una investigación en marcha que se suma a las realizadas con anterioridad por la Comisión y que ponen de manifiesto que Correos sigue violando las leyes europeas de competencia con la connivencia del Gobierno español”, señala un directivo de una de la empresas más afectadas por esta situación irregular.
Las asociaciones que representan los intereses de las compañías que compiten con Correos en el sector postal ven con preocupación los incumplimientos de la empresa pública, que en lugar de adelgazar su estructura la está ampliando en colaboración con los sindicatos, que tienen mucho poder en la toma de decisiones de la compañía.
“Lo que no puede ser es que se permita a una entidad pública estatal competir de forma desleal con las empresas privadas, a las que además se les ponen trabas, tirando el dinero de los contribuyentes. Es una auténtica vergüenza”, declara a MERCA2 el presidente de la Asociación de Empresas de Mensajería (AEM), Alberto Genescà, que representa los intereses de múltiples empresas, entre las que destacan Envialia, Nacex o Tourline Express.
Por su parte, fuentes de UNO, la Organización Empresarial de Logística y Transporte, indican a este diario que –además de acabar con la competencia desleal que realiza Correos– es indispensable que desde los poderes públicos se impulsen “políticas que favorezcan una bajada de impuestos, un mercado de trabajo flexible e inclusivo, medidas que reduzcan la burocracia y trabajar para que exista una verdadera unidad de mercado”.
A su juicio hoy en día es indispensable que los legisladores trabajen en medidas liberalizadoras que permitan a los diversos agentes tomar sus decisiones en un entorno de mercado en el que prime la competitividad y la eficiencia, huyendo de los modelos estatales que –como el de Correos– disparan con pólvora real.
