Mercedes Gallizo, presidenta del Siepse (Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios) denegó en 2008 la construcción de un museo de la memoria histórica en la antigua cárcel de Carabanchel -edificada por el régimen franquista-. Hoy, diez años después de su derribo, todavía no se han levantado las 650 viviendas -30% de protección oficial (VPO)- proyectadas en el Plan Parcial de Reforma. Demasiadas polémicas para una zona sin uso y comida por los escombros.
Aunque para hablar de esta historia hay que situar a su personaje principal. Gallizo, aragonesa de nacimiento, a los 20 años ingresó en el Movimiento Comunista, que conoció en la universidad en los años 70. Gallizo estudió Filosofía y Letras, pero pronto su futuro se encaminó hacia la política. De hecho, en 1979 se presentó como candidata al Senado por el Movimiento Comunista de Aragón. Pero no hubo suerte, no salió elegida.
Ya en la década de los 80 decidió enrolarse en Izquierda Unida de Aragón. Allí alcanzó la Ejecutiva Federal de Izquierda Unida y la secretaría general del Partido Democrático de la Nueva Izquierda (PDNI) en Aragón. Años después sería unas de las responsables de la salida del PDNI de Izquierda Unida para negociar su integración en el PSOE. Precisamente en el partido socialista es donde ha desarrollado gran parte de su carrera política.
En el PSOE ha sido diputada en las Cortes de Aragón y diputada en la Asamblea de Madrid en distintas etapas. Aunque el cargo por el que siempre ha sido reconocida y en el que más tiempo ha pasado es el de la Presidencia del Siepse. Allí estuvo 2.810 días repartidos entre los años 2004 y 2011. Ahora, tras la llegada al poder de Pedro Sánchez, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la ha recuperado para liderar esta empresa pública que se encarga de gestionar las infraestructuras penitenciarias del país. El puesto le es conocido y sus enemigos -compañeros del propio movimiento comunista-, también.
UN FANTASMA DEL PASADO PERSIGUE A GALLIZO
Siete años después de su salida del Siepse, y tras su vuelta al cargo, a Gallizo le vuelve a perseguir un fantasma del pasado: la antigua cárcel de Carabanchel. Este centro penitenciario dejó de funcionar en 1998 -tras el decreto del expresidente del Gobierno Felipe González que prohibía las cárceles en los interiores de las ciudades-. Desde entonces son muchas las ideas, bocetos e intentos de proyectos que se han desarrollado en la zona.
Ilusiones aparte, lo único cierto es que hasta el día de hoy -30 años después- sólo se ha llevado a cabo el derribo de la cárcel, que ha traído consigo el abandono casi total de la zona. Y mucha culpa de todo esto la tiene la comunista Gallizo. O al menos así lo creen los vecinos de Carabanchel. «Es la cabeza visible que acabó con el centro», afirma Jesús Rodríguez, miembros de la asociación Salvemos Carabanchel.
GALLIZO ENFADA A LOS COMUNISTAS
Pero Gallizo no es sólo la responsable de derruir un edificio simbólico para el movimiento comunista, por la cantidad de presos encarcelados durante el régimen franquista. Antes de hacerlo escombros la socialista tuvo otras decisiones controvertidas en este asunto.
Por ejemplo, en el año 2006 decidió suprimir la seguridad privada -pagada por instituciones penitenciarias- que vigilaba el centro. Esto fue el principio del fin, porque el inmueble -ya envejecido de por sí- sufrió una aceleración en su deterioro. Dos años antes, el módulo de madres del centro fue reconvertido en dos centros de jóvenes (Rosales I y Rosales II). Además se transformó el hospital penitenciario en lo que hoy todavía es un CIE (centro de internamiento de extranjeros). Además, estos hechos coincidieron también con la apertura de una comisaría. «Supongo que el retirar la vigilancia respondía a esta inauguración», elucubra Rodríguez.
Con el PSOE en el poder, y con un miembro del movimiento comunista en la presidencia del Siepse, los vecinos Carabanchel se mostraban confiados en el buen aprovechamiento de los terrenos. Pero los malos presagios de los residentes -eliminar la vigilancia y la creación del CIE- se confirmaron con la decisión tomada por Gallizo en el año 2008: la demolición del centro penitenciario.
NO A LA MEMORIA HISTÓRICA
Antes del derribo, la propia Gallizo tuvo una reunión con los que se mostraban contrarios al proyecto del Gobierno. En el encuentro la presidenta del Siepse se encontró con antiguos compañeros de militancia. Amigos que a día de hoy le han retirado la palabra. ¿El motivo? Su nula predisposición a la creación de un espacio para la memoria histórica en el centro de vigilancia. La extensión que reclamaban para esta instalación era un poco menos de 2.000 metros cuadrados de los más de 172.000 metros cuadrados que tiene la parcela.
De la reunión lo único que arrancaron los contrarios a la demolición del inmueble fue el compromiso de Gallizo de estudiar el caso a través de un equipo de técnicos. Pero tan sólo cinco días después del encuentro -20 de octubre del año 2008- la socialista remitía una carta a los interesados en la que explicaba que la mejor opción era demoler el inmueble debido a su «deterioro, muy agresivo e incontrolado». Un deterioro acelerado desde que la propia Gallizo eliminó la vigilancia privada del edificio.
Para tranquilizar a los más reivindicativos con el emplazamiento histórico del lugar, Gallizo mostró en la misiva su predisposición a ubicar los elementos necesarios para que la cárcel permaneciese en el recuerdo. Para ello propuso la construcción de un monumento o el renombramiento de calles -competencia del Ayuntamiento de Madrid-.
NI RASTRO DE LAS VIVIENDAS
Pero los problemas de Gallizo no acaban con los comunistas. La presidenta del Siepse también tiene otros detractores: los vecinos que reclaman menos vivienda y más servicios públicos en el Plan Parcial. En el plan están proyectadas 650 viviendas -el 30% serán VPO-, pero los vecinos recelan del planteamiento. «Al final acaban vendiendo las viviendas a fondos buitre», afirma Rodríguez.
De todos modos, la única realidad a día de hoy es que no existen ni servicios públicos ni viviendas. Todo está parado y la última referencia a este suelo situado en Carabanchel data de la memoria anual del año 2016 del Siepse:
«Se ha elaborado el Proyecto de Reparcelación y una propuesta de texto del Convenio Urbanístico a suscribir, a los que el Ayuntamiento de Madrid ha dado su visto bueno. Dado que dichos documentos deben ser suscritos por todos los titulares del ámbito a desarrollar y la Administración General del Estado es uno de ellos, se han sometido dichas propuestas también a conformidad de la Dirección General de Patrimonio del Estado, estando pendientes de obtener su conformidad. Se ha elaborado el Proyecto de las obras Urbanización, que también cuenta con el visto bueno inicial del Ayuntamiento de Madrid».
UN SOLAR QUE ACUMULA BASURA
MERCA2 se ha puesto en contacto con el Siepse para pregunta sobre estos terrenos, pero la respuesta no ha podido ser más ambigua. «El tema sigue igual en el mismo estado que en el texto reflejado en las memorias anuales del año 2016», afirman. Es decir, tras dos años, y después de que el Ayuntamiento de Madrid haya dado el visto bueno, no se ha realizado ninguna actuación. De hecho, en la página ‘Decide Madrid’ hay una propuesta para la construcción de un colegio e instalaciones deportivas, pero el consistorio madrileño ha descartado porque «el terreno no es de su propiedad».
Este 25 de octubre se cumple el décimo aniversario del derribo de la cárcel y tras diez años lo único que queda son vertidos incontrolados de residuos, un ‘picadero’ para los más jóvenes y un CIE criticado, entre otros, por el Gobierno Local de Manuela Carmena. La comunista Gallizo tiene trabajo por delante en su rentrée como presidenta del Siepse.
