Parece increíble que en un período de recuperación económica como el que vivimos las empresas sigan sin poder hacer frente a sus pagos, pero así es. Las pymes -por mucho que lo intentan- no son capaces de ponerse al día y adeudan unos retrasos de 202.000 millones de euros. Una cifra que viene a demostrar un problema más acuciante todavía, y es que las corporaciones son incapaces de reducir la mora que tienen. Ahí es nada.
Unas cifras que pone encima de la mesa CEPYME en su Boletín de Morosidad y Financiación empresarial, en el que señalan también que la financiación corporativa viene en mayor medida por vías alternativas a los bancos. Es decir, huyen del crédito comercial ordinario, y apuestan por la emisión de bonos o la búsqueda de otros, algo en lo que influye sensiblemente el coste que tiene la financiación bancaria: 2,55% de media, frente al 2,35% de Italia o el 1,87% de Francia. Pero es que si se compara con lo que pagan las grandes empresas la cosa es todavía peor: las pymes pagan una diferencia de 1,17 puntos más en su contra.
CEPYME quiere que los morosos sean acusados de competencia desleal
Ante esta situación, y según ha podido saber Merca2, la patronal que capitanea Antonio Garamendi va a librar una batalla contra los impagos. Va a presentar a todos los partidos un completo paquete de medidas para acabar con unas prácticas que ponen contra las cuerdas a muchos empresarios. Por ello, proponen que se avance en las distintas leyes que protegen los riesgos comerciales, por ejemplo: la Ley de Morosidad, la de Ordenación del Comercio Minorista, la de Cadena Alimentaria, etc.
Pero, sobre todo, va a haber un eje central de sus actuaciones: imponer un régimen sancionador contra quienes no cumplan, con el objetivo de que haya un efecto disuasorio, pero también una modificación de la Ley de Competencia Desleal. De este modo, buscan lograr que los partidos políticos añadan en la norma que el retraso sistemático de los pagos sea considerado como una práctica desleal que impide la competencia.
Eso sí, van a tener tarea por delante, porque tendrán que hacer un ejercicio de pedagogía con las Administraciones Públicas. Es cierto que las empresas pagan con un período medio de 79,6 días (39 más que lo permitido por la Ley), pero es que el sector gubernamental no se pone las pilas.
Atención especial merecen, en este punto, los Ayuntamientos. En CEPYME están muy sorprendidos por el superávit que vienen fijando los Entes locales en los últimos años porque, en cambio, son los que peor pagan 107 días -lo que supone 77 más que los que fija la Ley-. Una situación contradictoria que -para muchos- viene a suponer que lo que están haciendo muchos Consistorios es una especie de contabilidad creativa que tiene las patas muy cortas.
