Las llamadas entre Madrid y Bruselas se repiten estos días con un tema de fondo: cuál va a ser la solución a la crisis del Banco Popular. Hay preocupación porque el interés suscitado por hacerse con la entidad ha sido escaso entre los bancos españoles. Basta con ver el hecho de que sólo el Santander (con pocas ganas) y Bankia (forzada por el Gobierno) hayan hecho ofertas no vinculantes.
Así que ante lo que pueda ocurrir el ministerio de Economía está en contacto con el Banco Central Europeo y la Comisión. Algo que han reconocido fuentes comunitarias. El objetivo es analizar de qué forma puede el Estado echar una mano a Emilio Saracho a sanear la entidad. Y parece que todo pasa por Bankia. La entidad, ya nacionalizada, que presenta buenos ratios de rentabilidad, tiene provisiones extraordinarias de 6.000 millones y, por si fuera poco, se situaría como líder del mercado nacional en cuanto a número de clientes particulares y pymes. Ahora bien, el banco tendrá que afrontar los casi 36.000 millones de activos tóxicos que hay en balance del Popular.
Expertos financieros creen que la fusión sería un escándalo
Pese a todo, los analistas de Citi y UBS creen que la fusión permitiría revalorizar la entidad. Algo que, lógicamente, debería facilitar la devolución de las ayudas. Y eso lo saben en el Ministerio de Economía, de ahí el interés porque esa operación se produzca. Sin embargo, el mercado tiene dudas de cómo se puede articular para que no existan problemas de competencia y, sobre todo, que ningún competidor (y no necesariamente español) pueda argumentar que han existido ayudas de Estado que no están permitidas.
“La única opción que hay es justificar que la caída de Popular supondría desestabilizar el sistema financiero español”, explican fuentes financieras. Es decir, que la fusión con Bankia es el último eslabón para que no haya un contagio a todo el sector. Más que nada porque no se baraja la opción de dejar quebrar al banco, ya que supondría un escándalo social y un duro varapalo a la política económico-financiera llevada a cabo por el Gobierno de Rajoy.
El aviso de Bruselas
Así que en Bruselas parecen dispuestos a echar un cable al alumno aventajado. Sin embargo, portavoces de la Comisión nos recuerdan que “cualquier operación que se lleve a cabo entre ambas entidades debe ajustarse a las decisiones adoptadas por la Comisión en materia de ayudas de Estado y en términos de competencia”.
Así que la operación Bankia tendrá que estudiarse con pies de plomo. Sobre todo porque, al menos hasta el 30 de junio, Bankia no puede entrar en ningún proceso corporativo que no esté autorizado. Y está por ver si entonces puede, dado tendría que tener cerradas con Bruselas nuevas condiciones por las ayudas públicas recibidas.
El calendario será, por tanto, quien marque el ritmo de la operación –si es que finalmente se lleva a cabo-. Un movimiento que no termina de convencer al experto financiero, Juan Fernando Robles, para quien “de llevarse a cabo sería un escándalo«. De hecho, a su juicio, es muy probable que en los próximos días tengamos ofertas mucho más sugerentes que las presentadas hasta el momento y por parte de otras entidades.
