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FEDE (Federación de Empresas de Publicidad y Comunicación) y Agencias de España (AdE) impugnarán los concursos en los que las diferentes administraciones públicas convoquen directamente a medios de comunicación ya que consideran que, de esta manera, lo que se está haciendo es cerrar participación a las agencias de medios.

Tanto FEDE como AdE ven con enorme preocupación la proliferación durante los últimos meses de concursos en los que los únicos licitadores que pueden participar son los medios de comunicación, algo absolutamente insólito hasta ahora, y cuya consecuencia es que puede causar un enorme e irreparable perjuicio a las agencias de medios.

Los argumentos que utilizan FEDE y AdE en estas impugnaciones están basados en la legislación sobre Contratación Pública española y de la Unión Europea (UE) en materia de concursos públicos, así como en la legislación sobre competencia, en concordancia con la doctrina existente en la materia y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, Tribunales Superiores de Justicia, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Estas licitaciones vulneran principios constitucionales ya que discrimina sin razón alguna a parte de los actores del sector

En todo caso, Fede y AdE vienen denunciar el abuso que se produce con estas licitaciones por medio de contratos públicos y acuerdos marco que vulneran principios constitucionales esenciales de nuestra sociedad como el de igualdad, puesto que se discrimina sin razón alguna a un parte esencial los actores del sector de la publicidad, solo permitiendo que sean los medios previamente seleccionados quienes monopolicen estos nuevos contratos y acuerdos marco, actuando las administraciones de forma contraria a lo dispuesto en la Constitución Española y los Tratados de la Unión Europea.

Pero también hay argumentos de carácter político. Para los presidentes de FEDE, Juan Carlos Falantes, y AdE, Córdoba Ruiz, “se están utilizando estos concursos para beneficiar a los medios que más interesan a los gobiernos al frente de las administraciones, sorteando cualquier tipo de filtro técnico”. Así lo prueba el hecho de que en estos concursos haya ya una decisión sobre qué medios van a difundir la campaña sin ninguna justificación técnica. En la mayoría de ellos no se recogen medios tan importantes y eficaces como la publicidad exterior o digital.

“Estamos ante una de las agresiones más graves a las agencias de publicidad desde hace muchas décadas y es nuestra obligación luchar contra ella con todas nuestras fuerzas”, añaden.

ARGUMENTOS SÓLIDOS

Más allá de tecnicismos legales y remisiones a sentencias firmes de tribunales españoles y europeos, los argumentos de FEDE y AdE pueden sintetizarse en una serie de puntos. El primero es que las agencias de publicidad, incluidas las de medios, están reconocidas en la Ley General de Publicidad como empresas que se dedican a la gestión de las campañas publicitarias.

Además, las administraciones no pueden restringir sin una justificación la participación de actores reconocidos de un sector en los pliegos del concurso, algo que en ningún caso se hace. Y esto afecta tanto a las agencias de medios como a los propios medios excluidos.

Asimismo, la subcontratación no solo no está prohibida en los concursos, sino que es una manera de conseguir mejores condiciones para las administraciones convocantes.

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Al margen, y como argumento profesional, podría añadirse que las administraciones, en general, carecen de medios (programas, fuentes de información, personal formado) para decidir cuál es la planificación de medios más adecuada y rentable para los objetivos de un concurso, así como el control, optimización y seguimiento de la campaña, algo que constituye la esencia del trabajo de las agencias de medios.

Es por todo ello, que FEDE y AdE han decidido denunciar de forma pública y rotunda esta situación que perjudica a muchas empresas, con el resultado seguro de la destrucción de cientos de puestos de trabajo por una discriminación injustificada e intolerable. En consecuencia, ha iniciado un seguimiento de todos aquellos contratos y acuerdos marco para la impugnación de aquellos en los que se limite la competencia, se discrimine y se perjudiquen los derechos de las agencias de medios y publicidad.