martes, 4 octubre 2022 8:59

El Gobierno impide la renovación del presidente de la CNMV con la reforma de la ley del mercado de valores

El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes el proyecto de ley del mercado de valores y de los servicios de inversión, que amplía el mandato en la presidencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de cuatro a seis años, pero elimina la posibilidad de renovar en el cargo.

En el caso de los actuales presidente y vicepresidenta, Rodrigo Buenaventura y Montserrat Martínez Parera, podrán ser reelegidos por un periodo adicional de dos años, hasta sumar un máximo de seis años en sus puestos, según fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos consultadas por Europa Press.

Con la reforma de la ley del mercado de valores, que incluye tres reales decretos de desarrollo, se actualiza el régimen de renovación del presidente, vicepresidente y los consejeros de la CNMV para homologarlo al de las principales instituciones europeas y domésticas, como el Banco de España o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Hasta ahora, la ley del mercado de valores establecía que el mandato del presidente y el vicepresidente de la CNMV tenía una duración de cuatro años, que podía ser prorrogado por cuatro años más, de manera que los elegidos podían mantenerse en el cargo hasta un máximo de ocho años. El nuevo proyecto de ley establece que los nombramientos del presidente y vicepresidente de la CNMV tendrán una duración de seis años no renovables.

Rodrigo Buenaventura y Montserrat Martínez Parera fueron nombrados presidente y vicepresidenta del organismo supervisor de los mercados en diciembre de 2020 por un periodo de cuatro años que, tras su finalización en diciembre de 2024, podía ser renovado por otros cuatro años.

El nuevo proyecto de ley incluye una disposición transitoria segunda que detalla que los actuales presidente, vicepresidente y consejeros de la CNMV que se encuentren en su primer periodo de mandato (como es el caso de Buenaventura y Martínez Parera) podrán ser renovados al término de sus mandatos una única vez y por un periodo total que, incluyendo el tiempo transcurrido con antelación a la entrada en vigor de esta ley, no podrá exceda el plazo de seis años previsto, frente al máximo de ocho años del que pudieron disfrutar sus antecesores.

Por otro lado, la norma pretende mejorar la gobernanza e independencia de la CNMV mediante la eliminación de los recursos de alzada al Ministerio de Asuntos Económicos para las sanciones graves que imponga la CNMV.

IMPULSO A LA FINANCIACIÓN NO BANCARIA

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha explicado que uno de los objetivos de la reforma de la ley del mercado de valores de 2015, que se remite ahora al Congreso para su tramitación parlamentaria, consiste en mejorar la competitividad y eficiencia de los mercados de valores en España, con una atención especial a la financiación de las pymes, para que puedan contribuir a financiar el crecimiento económico y situarse entre los más «atractivos y avanzados» en el entorno europeo.

«Se trata de un proyecto de ley que, a pesar de ser de enorme complejidad técnica, tiene el objetivo claro de modernizar y reforzar nuestros mercados de valores para que puedan llevar a cabo plenamente su función y posicionar a España entre los mercados más interesantes y más atractivos, especialmente para la financiación del crecimiento de las pymes», ha señalado Calviño.

Según ha informado el Ministerio de Asuntos Económicos en una nota, el proyecto de ley simplifica algunos procedimientos y elimina cargas administrativas redundantes para facilitar la atracción de inversiones. Para ello, simplifica el proceso de emisión de valores de renta fija, reducen las tasas de la CNMV que tienen que abonar los emisores de renta fija y propone la eliminación de determinadas obligaciones de información redundantes en el proceso de compensación y liquidación de valores.

Además, la nueva ley extiende la aplicación del régimen de ofertas públicas de adquisición de acciones (OPAs) al segmento de BME Growth, con el objetivo de aumentar el atractivo de invertir en pymes con gran perspectiva de crecimiento. Así, se permitirá a los accionistas recibir proporcionalmente la prima de control en caso de oferta de adquisición de la pyme cotizada, lo que mejorará la financiación no bancaria de estas empresas.

También se amplía la definición de pyme y se incorporan a la normativa española los cambios aprobados en la Directiva MIFID II, para que los servicios de inversión favorezcan la recapitalización de las empresas europeas y faciliten las inversiones a la economía real.

MEJORA DE LA PROTECCIÓN DEL INVERSOR EN ‘CRIPTOS’, SPAC Y ESIS

Otro de los objetivos del proyecto de ley del mercado de valores es adaptar el marco legal financiero a las nuevas realidades tecnológicas y económicas, las directivas comunitarias, los nuevos instrumentos y mercados de financiación de las pymes y las nuevas formas de salida a cotización (como las SPAC, empresas que salen a cotizar a bolsa sin actividad y con el único objetivo de captar dinero para comprar una compañía).

En el ámbito de los criptoactivos, se incluye en el ámbito de la aplicación de la norma cualquier instrumento financiero que sea un criptoactivo (que esté representado mediante tecnología de registro distribuido) y se incorporan las infracciones y sanciones que permitirán a la CNMV actuar ante los incumplimientos cuando entre en vigor la normativa europea, de forma que el organismo español podrá sancionar los incumplimientos de las obligaciones y requisitos de los criptoactivos que no son instrumentos financieros y que se presenten como objeto de inversión cuando se apruebe el reglamento europeo MiCa.

Asimismo, se incorporan las previsiones para la aplicación del reglamento del régimen piloto para la utilización de tecnología de registros distribuidos (‘blockchain’) en las infraestructuras de mercados de valores, que permitirá utilizar esta tecnología para operaciones con acciones y bonos tokenizados durante cinco años y sin superar un determinado volumen de actividad.

El proyecto de ley incorpora una reforma de la ley de sociedades de capital para garantizar la protección de los inversores en sociedades cotizadas con propósito para la adquisición (SPAC, por sus siglas en inglés) para asegurar la protección de los inversores y favorecer la seguridad jurídica de estos instrumentos, garantizando las condiciones en las que se lleva a cabo el reembolso del capital inicial invertido por parte de los minoritarios.

Por otro lado, se establece un régimen prudencial específico para las empresas de servicios de inversión (ESIs) con el objetivo de mejorar el funcionamiento de este tipo de empresas, elevar la protección del inversor e incorporar obligaciones de solvencia específicas para estas entidades.

Adicionalmente, se otorgan a la CNMV potestades para establecer el régimen aplicable en función del tamaño, la naturaleza, la escala y la complejidad de las actividades de la ESI, se contempla también un régimen más flexible para empresas muy pequeñas y que no entrañan riesgo sistémico y se ajusta la limitación de las posiciones en determinados derivados y el correspondiente régimen de exención de cobertura con el fin de dar impulso a mercados en crecimiento.


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