Los comisarios lingüísticos están desatados en Cataluña. Encabezados por Plataforma per la Llengua, decenas de personas intimidan a trabajadores de la recién llegada Five Guys a la Ciudad Condal por el delito de no tener la carta en catalán. No contentos con esta acción, también la emprendieron con un establecimiento de la restauración de la cadena Surf House, en la calle Amigó.
Los ‘montapollos‘ como se les conoce últimamente a este grupo radical, y que ha sido sentenciado «sin costas» por vulnerar el derecho fundamental de los estudiantes de escoger la lengua en la que realizan la selectividad, han emprendido acciones que bordean la legalidad con el fin de imponer la lengua catalana en todos los establecimientos públicos.
Su ‘modus operandi’ es acudir a un restaurante que no tenga la carta en catalán. Una vez de dentro, exigen a voces y con quejas a los encargados y camareros una carta en catalán. Tras el rifirrafe, desbordar a los empleados y molestar al resto de clientes, estos comisarios políticos exigen la debida hoja de reclamaciones.
PLATAFORMA PER LA LLENGUA SEÑALA A FIVE GUYS CON UN EJÉRCITO DE ACTIVISTAS
Tan desquiciado y nervioso está el personal que se niega a entregárselas y llamaron a los Mossos d’Esquadra. Tras la reiterada negativa, los portavoces de estos grupos de activistas radicales ponen las consiguientes denuncias pero no por el motivo de su acción, sino por carecer de hojas de reclamaciones.
De esta forma, favorecen un señalamiento similar al que se realizó en épocas oscuras en Suráfrica y centro de Europa. Una persecución que no sólo se ha hecho en establecimientos, sino también en los patios de colegios para espiar a los niños y conocer la lengua en la que hablan fuera de las clases. Y todo, pese a las innumerables sentencias judiciales que exigen a la Generalitat y a los centros escolares impartir el 25% de las clases en castellano, también lengua vehicular en Cataluña.
Esta organización, convenientemente subvencionada, busca «denunciar la vulneración de los derechos lingüísticos de los catalanohablantes» en Barcelona. No acuden a los restaurantes a degustar su menú, sino a pedir la carta en catalán y pedir explicaciones a trabajadores que poco o nada tienen que ver con la política empresarial.
FIVE GUYS NO TENÍA LAS HOJAS DE RECLAMACIÓN
En Five Guys, el establecimiento incumplía una regla básica en la restauración como carecer de hojas de reclamaciones. Los exaltados catalanistas querían entregar unas fotocopias propias -una prueba más de que se trata de una acción preparada y orquestada- que no fueron aceptadas por el encargado al no ser oficiales. Los Mossos interpusieron la denuncia y a buen seguro que a la recién llegada cadena norteamericana le podría caer una sanción administrativa.
La conocida cadena de comida rápida ha emprendido una rápida expansión en Barcelona, con seis restaurantes en apenas medio año. El primero en abrir fue el pasado 22 de noviembre en la Diagonal, pero el resto de establecimientos se enclavan en el centro de la ciudad, donde hay un mayor trasiego de personas. La cadena de hamburguesas conoce ahora cómo se las gastan en Barcelona, vendida como ciudad cosmopolita y amigable. Sorprende, además, el silencio de las patronales, como Foment y Pimec, ante este tipo de acciones.
El caso contrario sucedió en el otro establecimiento. Surf House dispuso de las hojas de reclamaciones y no hubo intervención policial. Plataforma per la Llengua ha tardado un mes y medio en mostrar estas actuaciones, grabadas el pasado 18 de febrero. Estas denuncias se presentan posteriormente a la Agencia Catalana de Consumo, que abre el correspondiente expediente por no disponer de la carta en catalán.
PLATAFORMA PER LA LLENGUA PRETENDE DESLEGITIMAR A QUIEN DEFIENDE EL CASTELLANO EN LAS AULAS
Estas acciones deleznables, más cuando el trabajo de vigilar a los restaurantes es de los funcionarios y no de una asociación civil, continuarán en el tiempo. La motivación es ir «contra aquellas empresas que vulneren los derechos lingüísticos de los catalanohablantes«. Todo ello, vulnerando los derechos lingüísticos de los castellanohablantes, como ha ocurrido en una sentencia judicial conocida este miércoles.
La elección de la lengua de los enunciados de examen no puede venir determinada por la Administración
Estos supuestos defensores del catalán se opusieron a una demanda de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), que exigía la protección de los derechos fundamentales de los castellanohablantes. Plataforma per la Llengua, junto a la Universidad de Girona, la Politécnica de Catalunya y la Universidad de Barcelona trataban de impedir la elección de lengua que preferían los estudiantes de la PAU del pasado año.
«La elección de la lengua de los enunciados de examen no puede venir determinada por la Administración», reza la sentencia. «En su lugar, deberán estar disponibles en las tres lenguas cooficiales y se ofrecerá de forma individual al alumno la opción de escogerlos en el idioma oficial que estime», matiza. De esta forma, la Administración debe tener suficientes copias para que los alumnos que así lo pidan puedan realizar sus exámenes en la lengua que escojan. Tanto la Generalitat como sus comisarios políticos pretendían deslegitimar a la AEB como denunciante, pese a conseguir numerosas sentencias condenatorias por el tema de la lengua.
