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El Gobierno español aprueba el Anteproyecto de ley el 4 de marzo de 2022. La nueva normativa ampara la figura de los informantes contra represalias. Las empresas públicas, privadas y los municipios deberán implantar un sistema de información confidencial y seguro. La ley aplica sanciones económicas de hasta 1 millón de euros en los casos más graves
Anteproyecto de Ley de protección de las personas que informen sobre infracciones en España: EQS Group valora de forma positiva la amplia protección de los informantes
La incertidumbre para los informantes y las instituciones españolas ha llegado a su fin: el Gobierno aprueba el Anteproyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, por la que se transpone la Directiva Whistleblowing. EQS Group, líder del mercado en sistemas digitales para reportar infracciones en Europa, celebra que la ley española ofrezca una amplia cobertura en términos de protección a los alertadores. La ley va un paso más allá y establece medidas y sanciones más estrictas para garantizar la máxima seguridad a toda persona que informe sobre cualquier acto ilícito del Derecho de la Unión.
El pasado 17 de diciembre de 2021 se cumplía el plazo de transposición de la Directiva UE de Protección de los Denunciantes a la legislación española. La Directiva entró en vigor en la Unión Europea en diciembre de 2019 con el objetivo de proteger mejor la figura de los alertadores de posibles represalias como el despido o la intimidación. Tras transponerse en varios estados europeos, España no adoptó la ley a tiempo y fue expeditada por Bruselas con un procedimiento sancionador en febrero de 2022. Tras unas semanas de incertidumbre ante la salida de un borrador por parte del gobierno, el 4 de marzo de 2022, la Ministra de Justicia Pilar Llop, aprueba el Anteproyecto de Ley que protege a los informantes de infracciones del Derecho de la Unión en todos los sectores.
Las empresas privadas, instituciones públicas y los municipios deben implementar sistemas de información
Organizaciones de todos los sectores a partir de 50 empleados, las instituciones públicas y los municipios deben actuar con carácter urgente. Entre los requisitos principales, deben establecer un sistema de información interno y seguro. Los responsables de gestión de los casos no sólo deben cumplir las normas mínimas para evitar la amenaza de sanciones. En base a una cultura ética y de cumplimiento normativo sólida dentro de la organización, se recomienda hacer todo lo posible para proteger a los alertadores del despido o las represalias, lo que incluye no sólo garantizar la confidencialidad impuesta de los informantes, sino también permitir los reportes anónimos.
Informe de Denuncia de Irregularidades 2021: La necesidad de estar a la vanguardia en Europa
El «Informe de Denuncia de Irregularidades 2021», es un estudio internacional realizado por la Universidad de Ciencias Aplicadas de Graubünden en colaboración con EQS Group, que muestra lo mucho que queda por hacer en este sentido en Europa. En 2020, sólo una de cada diez empresas cumplía plenamente los requisitos de la Directiva UE de Protección de los Denunciantes, y casi la mitad de las empresas encuestadas carecían de las medidas que promueve la ley. La importancia de un canal de comunicaciones que funcione y que ayude a identificar y prevenir eficazmente las infracciones y los riesgos queda demostrada por el hecho de que alrededor de una de cada tres empresas encuestadas había sido perjudicada por un comportamiento ilegal o poco ético al menos una vez y, por tanto, estaba expuesta a inmensos riesgos para su reputación.
Los sistemas digitales de información son la mejor solución para preservar el anonimato y garantizar la seguridad
El Gobierno subraya la importancia de que los sistemas de información deben ser confidenciales y seguros. Los sistemas digitales de información se han establecido como la mejor práctica, porque sólo éstos cumplen todos los requisitos para una comunicación segura, anónima y conforme al RGPD: «El umbral de cohibición de los informantes es muy alto, sobre todo antes de la primera comunicación, por lo que las empresas y las autoridades deben confiar en sistemas digitales que protejan ampliamente la identidad del informante. Pueden implementarse y funcionar con poco esfuerzo», explica Murray Grainger, Country Manager de EQS Group en España, que, junto con su equipo, apoya a los clientes españoles de EQS Group en la implantación de canales de denuncia. Entre los que se encuentran, Almirall, Cabify o Raventós Codorníu entre otros.
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