Tras la quinta reunión entre el Gobierno y la patronal del transporte a causa de la huelga anunciada para el próximo día 20, todavía no hay acuerdo, pero sí que ha habido avances. Ambas partes se llevan reuniendo desde que se anunció hace ahora algo más de un mes. Ya en ese primer momento la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, explicó que algunas de las peticiones de los transportistas excedían del «ámbito de competencias del ministerio y se enmarcan dentro de las relaciones privadas que se establecen entre los cargadores y transportistas».
Ahora la postura no dista mucho, aunque el gobierno ha cedido en algunas peticiones que luchaban los principales representantes del sector. Pero no en las dos principales demandas que tenía el sector y que les hacen seguir adelante con la convocatoria de huelga: la subida del diésel y la prohibición de carga y descarga para conductores. Son las dos reivindicaciones clave que tienen ahora mismo en la mesa. Una es cuestión económica y otra es cuestión de condiciones dignas en su trabajo. Y ninguna es baladí.
En la primera, los transportistas pedían al Gobierno la aprobación de un mecanismo por el que se permitiera repercutir a los clientes estos incrementos de precios del diésel a los que los camioneros están haciendo frente. Esto es, que se prohíba por ley que los trabajadores asuman el incremento del gasóleo, que ya lleva unos meses al alza y no hay previsión de que disminuya su precio en los próximos meses. De hecho, según el director general de la Asociación de Empresas de Transportes de la Región Centro, Jorge Somoza, un viaje entre Madrid y Barcelona es ahora unos 60 o 70 euros más caro por el combustible.
Respecto a la carga y descarga, este es un aspecto en el que los transportistas no piensan ceder. Si bien en su primera propuesta el Gobierno limitaba esta situación, no la prohibía como piden desde la patronal. Estos destacaban que es el problema principal en el sector, ya que en su mayoría está compuesto por pequeñas empresas y autónomos con escaso poder de negociación y que ceden ante los clientes, que son más grandes y pueden imponer sus condiciones, para ganar una ventaja competitiva.
La patronal reclama que se prohíba la carga y descarga obligatoria para los camioneros
SITUACIÓN CRÍTICA
Aunque las partes ven algo de avance en las negociaciones, también inciden en que queda mucho por negociar. Dentro del sector, ocho de cada diez transportistas están dispuestos a secundar la huelga convocada por la patronal a las puertas de la Navidad, los días 20, 21 y 22 de diciembre, según una encuesta realizada por Ontruck. Un 55 % de los camioneros lo consideran necesario para conseguir que atiendan las reivindicaciones del colectivo.
Este cierre puede poner en aprietos a muchos negocios de distribución en una de las campañas más importantes del año. De hecho, muchos de ellos están adelantando las compras para poder tener surtido suficiente en las fechas en las que no podrá haber reparto. Este paro amenaza con colapsar las operaciones logísticas, en unas fechas en las que las compañías hacen la mayor parte del negocio.
Si no se da respuesta a las reivindicaciones del sector, el presidente de la Asociación de Transportistas Autónomos (ATA), Antonio Villaverde, advierte de que podría pasar lo que ya ha ocurrido en Reino Unido, donde la crisis de sector, unida a otras coyunturas, ha provocado el desabastecimiento puntual de la población. «Ahora trabajamos a pérdidas y podría darse una quiebra del sector, lo que afectaría a todo el país, parar tres días no supone nada comparado con lo que podría pasar», ha advertido.
Durante esta quinta y última reunión entre el Gobierno y la patronal de los transportistas se ha llegado a algún avance en la negociación, aunque todavía están a la espera de recibir una propuesta escrita del Gobierno. En esta deberán concretar su oferta para que los transportistas puedan valorarla y decidir si finalmente llevan a cabo su huelga o la desconvocan. Cabe destacar que la que la ministra no ha asistido y lo ha hecho en su nombre Isabel Pardo de Vera, Secretaria de Estado de Transportes.
