Pablo Iglesias ha llegado a afirmar que «la policía no protege a la gente, son matones al servicio de los ricos» y se ha «emocionado» al ver como unos manifestantes agredían a un policía.
Rafael Mayoral ha cargado contra las fuerzas del orden por sus «abusos» y por la «impunidad de una actuación fuera de la legalidad» cuando éstas trataban de contener los graves disturbios provocados por los seguidores del rapero Pablo Hasél a principios de año.
Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, pone en duda de manera continuada la acción de la justicia. Así, la también secretaría General de Podemos, afirmó que se había condenado sin pruebas a Alberto Rodríguez y e Isabel Serra.
Estas son las declaraciones de los miembros del supuesto «gobierno de progreso» del que, no lo olvidemos, dependen los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad (Art. 104 CE) pero las de sus socios preferentes, ERC y EHBildu, no se quedan atrás.
Montserrat Bassa, diputada de ERC, refiriéndose a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y a los miembros de las Fuerzas Armadas afirmó que «eran fuerzas de ocupación», que les «tenían asco y aversión, y que tenían que irse». Gabriel Ruián pusó en duda el testimonio de la Polícia y la actuación de los jueces al afirmar que Alberto Rodríguez fue condenado a raíz de una «denuncia falsa“.
De EH Bildu mejor no hablar porque su catálogo de ataques a la Policía, Guardia Civil y al Ejército incluye desde la equiparación con los nazis hasta la agresión física.
Teniendo en cuenta estos antecedentes que PSOE y Podemos hayan acordado reformar la Ley de Seguridad Ciudadana del año 2015 con el apoyo entusiasta de ERC y EHBildu solo puede causar honda preocupación en todo aquel español que se considere demócrata independientemente de su ideología.
Preocupación que se transforma en terror cuando se conocen algunos de los cambios que estos partidos van a introducir en la mencionada Ley. Para empezar, imponen la sombra de la duda sobre la actuación y el atestado policial fulminando la presunción de veracidad que se otorgaba a los agentes de autoridad en la ley de 2015 y en otras leyes.
Por otro lado, se permitirá grabar a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad mientras desarrollan su trabajo poniéndoles en grave riesgo y también se permitirán concentraciones, aunque éstas no hayan sido comunicadas.
Unos cambios que lo único que pretenden es salvaguardar los privilegios de «su casta», evitar condenas como las que han recaído sobre Alberto Rodríguez e Isabel Serra, y poder calentar las calles con total impunidad cuando abandonen, esperemos que pronto, el gobierno.
Unos cambios que, según sus promotores, están basados en una concepción progresista de la seguridad ciudadana, es decir, en «su concepción» de lo que debe ser el trabajo de un policía o un Guardia Civil y que, como ocurre con su concepción progresista de la justicia que implicaba nombrar a jueces según nivel de compromiso con el gobierno, supone un intento más de control sobre otro de los pilares básicos de cualquier democracia.
Unos cambios legales quepueden parecer menores pero que sumados a otros muchos y al desprecio al parlamento típico de una coalición que nos gobierna a golpe de decreto, aumentan la inseguridad jurídica y real de nuestro país, ahuyentando las inversiones y agrandando la ruina provocada por gobierno nefasto, y, lo que es más importante, restringen nuestras libertades y degradan nuestra democracia pareciéndose demasiado a las leyes habilitantes que impusieron la dictadura en Venezuela.
(*) Antonio González Terol, vicesecretario general del PP
