11Onze nace con retraso, pero con el objetivo de convertirse en el banco de los catalanes independentistas. La nueva entidad sin IBAN comenzará a operar en el cuarto aniversario del referéndum ilegal de 2017 en Cataluña, pero sin tener la preceptiva licencia bancaria del Banco de España, esquivando así al regulador.
El próximo 1 de octubre, una fecha señalada en rojo para este bloque político, 5.000 futuros clientes comenzarán a tener sus cuentas y tarjetas de débito. Todos ellos se han apuntado en la primera ronda a través de la aplicación de la entidad con sede en Luxemburgo, uno de los países con los impuestos más bajos para las entidades financieras.
desarrollar un sistema que permita a la comunidad adquirir conocimientos financieros y seguridad financiera
El resto de personas en lista de espera, unos 5.000 a finales de agosto de este mismo año, tendrán que guardar su turno ‘sine die’ debido a que ni la propia entidad, por el momento, es capaz de gestionar más clientes. El lugar de encuentro de los clientes se produce en la web, a través de ‘La Plaça 1-O’, según apuntan en su propia web.
ALCANZAR EL 40% DEL PIB CATALÁN, EL OBJETIVO DE 11ONZE
La misión de esta nueva entidad, embrión de una banca catalana que acapare los ahorros y depósitos de particulares y empresas, con la mirada puesta en el «40% del PIB catalán», pasa por «desarrollar un sistema que permita a la comunidad adquirir conocimientos financieros y seguridad financiera».
La fintech, con sede en la calle Rue de l’Eau del pequeño país, operará a través de la británica Weavr, una firma dedicada al desarrollo de banca digital e integración de cuentas y tarjetas. Esta aplicación afirma ser «finalista» de los premios Visa Everywhere 2021, donde sólo se premiaron a cinco startups, con una dotación de 50.000 euros para el primero y de 10.000 para el quinto puesto.
Los planes de 11Onze se han retrasado respecto a los plazos previstos. En un primer comunicado, la empresa registrada el 10 de septiembre de 2020, el día previo a la Diada, otro de los días señalados por los independentistas, aseguró que vería la luz en el segundo trimestre de este año. Sin embargo, debido a cuestiones técnicas o falta de clientes no ha sido hasta este primero de octubre.
Asimismo, Weavr no desvela qué tipo de licencia bancaria dispone para poder operar en la Unión Europea. En su web, asegura que puede operar en numerosas zonas. En la UE, ni una sola pista, pero podría ser la propia Luxemburgo.
SIN LICENCIA BANCARIA Y SIN LOS 100.000 EUROS DEL FGD
Otra de las cuestiones de crucial calado es qué ocurrirá con los depósitos de los catalanes afines a la ruptura con el resto de España. 11Onze no cuenta con una licencia propia en España y por tanto está fuera de la obligatoria protección a los ahorradores y del Fondo de Garantía de Depósitos, que blinda los primeros 100.000 euros de cada cuenta y titular.
Los promotores, entre los que figura Jordi Roset, el empresario de Petrolis Independents y socio del diputado en el Parlament y expresidente de la Cámara de Comercio de Barcelona Joan Canadell, afirman con su palabra que el dinero está asegurado, pero sin desvelar los mecanismos para que así sea. Esta falta de transparencia es una de sus denuncias contra la banca que opera legalmente en España. «Si 11Onze entrara en fallida, el dinero está asegurado«, afirman fuentes consultadas por el diario Ara.
La empresa ha designado como presidente a James Sène, un senegalés afincado desde hace años en Cataluña. Este empresario cuenta con el respaldo de los 150 accionistas de la entidad y su labor es conocida por haber trabajado para el FC Barcelona durante la primera etapa de Joan Laporta, presidente ahora del club. En 2005 impulsó el multichannel del Barça, con aplicación radio, televisión y la página web.
La estructura de la entidad es compleja y opaca para tratar de ocultar quienes están detrás de esta organización. Hasta ahora se ha desvelado que Unitat per la Independència, la fundación suiza La FED y el sociedad FED Management Limited están vinculadas a esta sociedad.
LOS VÍNCULOS DE 11ONZE EN SUIZA Y REINO UNIDO
Las dos primeras tienen como objeto social inmiscuirse en la deriva política catalana y promover la cultura catalana, así como proteger los intereses de los llamados Països Catalans. Es decir, la misma terminología que utilizan los anticapitalistas de la CUP y la extrema derecha catalana. Además, la fundación La FED está bajo la gestión del despacho Ochsner & Associes. Pese a estar en Suiza, las autoridades del país no habían concedido hasta ahora la autorización definitiva. Este tipo de sociedades no pagan impuestos y pueden acogerse a distintos privilegios fiscales y administrativos.
La fundación tiene la obligación de invertir el dinero en Cataluña, pero sin dar a conocer los sectores beneficiados ni en qué tipo de proyectos. El sueño de estos independentistas es controlar el 40% del PIB de Cataluña, es decir, obtener el rédito de todas las pymes catalanas. Para esta labor se desconoce si la Asamblea Nacional Catalana y su nueva patronal podrán aglutinar a estas empresas, que les dieron la espalda en la votación de Pimec.
EL OBJETIVO DE CREAR UN BANCO POR Y PARA INDEPENDENTISTAS
Para la Dirección de la entidad se ha fichado a Natàlia Cugueró-Escofet, profesora de la Universidad Oberta de Catalunya, que recientemente ha contratado a Pablo Iglesias, exlíder de Podemos.
Los independentistas siempre han tenido como objetivo crear un banco al servicio de la causa, pero con ficha propia. La salida de empresas tras el 1-O causó un fuerte rechazo hacia las tradicionalmente catalanas afincadas desde entonces en otros territorios de España. Este sueño inalcanzable se intentó con Banca Catalana, el banco de los Pujol y uno de los primeros casos de corrupción más sonados en Cataluña. Desde entonces, cualquier intento se ha desbaratado al no tener una ficha bancaria. Con esta fintech, se podría conseguir, como lo ha hecho Facebook, entre otras grandes.
Por ahora, la entidad se centra única y exclusivamente en ganar adeptos y conseguir una mayor financiación que las tres primeras rondas, la última de ellas con siete millones de euros. La entidad tendría el visto bueno del vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró, impulsor de las Políticas Digitales de la Generalitat.
