La nueva ley audiovisual provoca el enfado de los operadores en abierto ante los privilegios del streaming

El Anteproyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual, que hasta el 12 de julio podrá ser modificado, dotará de cierta estabilidad a RTVE después de haber arrastrado una infrafinanciación que podría rondar los 2.000 millones de euros en la última década.

La Corporación pública estatal al fin será sostenida con la participación económica de todos los agentes audiovisuales, ya que las plataformas de streaming hasta ahora se servían del vacío legal para no competir con los mismos derechos y obligaciones que sus rivales.

LA TARTA PRESUPUESTARIA DE RTVE

La publicidad volverá a RTVE… solo en el ámbito digital y en sus canales internacionales. Estos ingresos de la pública, que ronda un presupuesto de 1.200 millones de euros anuales, se sumarán al dinero de los Presupuestos Generales del Estado (alrededor de 400); a la ocupación del espacio radioeléctrico (en torno a 480), al 3% de los ingresos brutos de los operadores de pago (Mediaset y Atresmedia, principalmente), y al 1,5% de las compañías de pago (Netflix, Youtube, Amazon o HBO).

Las telecos, Movistar y compañía, seguirán pagando la mayor parte de la ocupación del espacio radioeléctrico. Pero, sin embargo, no tendrán que seguir aportando el 0,9% de ingresos brutos. Con lo cual, se ahorrarán más de 100 millones de euros anuales.

FICCIÓN

El Gobierno quiere aprovechar el boom de la ficción para obligar a los operadores a invertir el 3,5% de sus ingresos brutos a la obra audiovisual, sea cual sea el formato. Hasta ahora el porcentaje obligado era de tan solo el 0,9%.

El Ejecutivo también pretende que no solo se produzcan series para salvaguardar el cine. Y por ello obliga a financiar al cine de producción independiente con un 2% de sus ingresos, en vez del 1,8% actual. Es cierto que en este apartado se esperaba un mayor crecimiento del porcentaje.

ENFADO DE LAS PRIVADAS

Los operadores privados en abierto, agrupados en UTECA, asegura que este borrador, que llega con meses (o incluso años) de retraso, mantiene «la discriminación entre las televisiones comerciales en abierto y los operadores en streaming y plataformas de compartición de vídeo».

La patronal asegura que el Ejecutivo «mantiene un injustificable trato de favor hacia esos nuevos prestadores de servicios audiovisuales en detrimento de las televisiones en abierto, y queda muy lejos de la necesaria equiparación en derechos y obligaciones».

Eduardo Olano, presidente de UTEC, ha lamentado la «insistencia del Gobierno en la desigualdad de trato a las televisiones en abierto nacionales frente a los nuevos competidores internacionales», en clara referencia a Netflix.

Recuerda Olano que las privadas en abierto «son las compañías audiovisuales que más impuestos pagan en España, las que ayudan con su programación a vertebrar la identidad nacional, además de ser las grandes inversoras y creadoras de empleo del sector audiovisual nacional. El Gobierno aún está a tiempo de acabar con una discriminación injustificable de las televisiones comerciales en abierto que lamentaremos durante años, pues distorsiona gravemente la competencia en un sector estratégico«.

UTECA, dolida porque tengan que financiar a RTVE con el doble que porcentaje que los operadores en streaming (que no ocupan espacio radioeléctrico), también se queja de que este borrador supone que RTVE compita sin restricciones por la publicidad digital «mientras sigue financiándose con fondos públicos».